La publicación del informe que el Gobierno solicitó a la CNE sobre medidas para resolver el déficit de la tarifa eléctrica ha coincidido con el primer aniversario del desastre nuclear de Fukushima y ha sorprendido ver cómo los titulares sobre el apagón nuclear y el renacer de las renovables en Japón han ido de la mano de titulares sobre el renacer nuclear y el apagón renovable en España. La primera reflexión que cabe hacer sobre la revisión renovable que se está haciendo desde 2008 en nuestro país, que la CNE ahora ratifica de manera definitiva, es que va en la dirección opuesta al gran cambio que se está produciendo en todo el mundo con una lucha por el liderazgo en renovables, a las que todas las previsiones energéticas las sitúan como hegemónicas en el futuro.
Pero la casualidad ha querido también que el documento de la CNE se haya hecho público después que el Gobierno haya volatilizado a la propia CNE y al resto de organismos reguladores al unificarlos en uno solo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); a partir de ahora poco o nada importa lo que diga la CNE ante este nuevo escenario donde la independencia del organismo regulador de la energía ha quedado subsumida en el propio Ministerio de Industria.
El informe de la CNE sobre el déficit tarifario suena a despedida y con dos argumentos fundamentales: la moratoria renovable temporal aprobada por el RDL 1/2012 se convierte en indefinida con la propuesta de un apagón renovable en España hasta 2020, a través de una nueva interpretación de la directiva europea de renovables y una revisión de los objetivos del PER y del PANER; y en segundo lugar, el catálogo de medidas a corto y medio plazo que desarrolla la CNE tiene un denominador común como es trasladar a los consumidores los costes de una mala regulación que se arrastra desde las dos últimas décadas, plagadas de una inestabilidad regulatoria que también se puede apreciar en el contenido del documento.
Como señala el comunicado de la Fundación Renovables, la CNE ha hecho caso a las presiones que UNESA lleva haciendo durante los últimos meses al Gobierno en el sentido de que las renovables son la única causa del déficit de tarifa y que el esfuerzo corresponde hacerlo al consumidor y, al igual que está sucediendo en el sistema financiero, pretende que la economía real, las empresas, hogares y consumidores que están sufriendo lo peor de la crisis, vengan a salvar a la economía especulativa que está en el origen de todos nuestros déficits.
La consulta de la CNE se ha convertido en un “paripé”, al igual que pasó con el Libro Blanco de 2004, para ganar tiempo e ir preparando el terreno de futuras medidas, teniendo muy en cuenta que el modelo energético no se toca, ni el mix convencional, ni el modelo de negocio energético basado en el consumo. No es de recibo que no haya ninguna medida de planificación energética ni de ahorro y eficiencia energética entre las propuestas por la CNE que son clave para dar solución a los mayores costes de nuestro sistema energético, como son la altísima dependencia e intensidad energéticas.
En este sentido, el informe de la CNE es incompleto, insuficiente e injusto al hacer recaer casi todo el peso de la eliminación del déficit tarifario en el sector de las renovables y en los consumidores y tratar con suma tibieza o, simplemente, ignorar los costes de la falta de competencia, planificación y transparencia que están en el origen del déficit.
La fórmula de la CNE es sencilla: eliminar (“laminar”) los costes de las renovables y las nuevas inversiones limpias hasta 2020, nada de ahorro y eficiencia, nada de planificación y trasladar a los consumidores el resto del peso de la reducción del déficit tarifario vía nuevos impuestos, peajes o presupuestos del Estado. Por el contrario, tibios recortes a los pagos por disponibilidad e interrumpibilidad y un impuesto a la nuclear y la gran hidráulica. Parece que cambian algo, pero en realidad es más de lo mismo para que el modelo energético no cambie. Eso quiere decir que se trata de una pésima noticia para los consumidores y un alivio para el oligopolio eléctrico. El futuro, sin embargo, lo están escribiendo otros a los que seguiremos teniendo que comprar el gas y el petróleo a precios más elevados, por lo que seguirá subiendo la luz y existiendo déficit en la tarifa.
La lectura del informe de la CNE depara también la oportunidad de contemplar el catálogo de medidas regulatorias equivocadas que se han ido enlazando una tras otra hasta, entre todas, formar la auténtica bola de nieve del déficit de la tarifa. Pero una vez más se obra el milagro de convertir lo caro en barato y lo barato en caro para seguir añadiendo parches a una regulación que habría que cambiar desde cero. Pero para ese viaje se necesitan otras alforjas.
Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables
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