El ataque unilateral e ilegal conforme al derecho internacional perpetrado por Estados Unidos e Israel a Irán ha generado un contexto de incertidumbre con potenciales consecuencias económicas y sociales a escala global.
Es pronto para dimensionar su alcance, ya que este dependerá fundamentalmente de la duración del conflicto y de cómo afecte a las infraestructuras energéticas y las a cadenas de suministro global.
No obstante, es previsible que volvamos a enfrentar una nueva crisis energética que derive en un contexto inflacionario que erosione la capacidad económica de las familias y sitúe a un porcentaje relevante de la población en una situación de mayor vulnerabilidad.
Para evitarlo, el Gobierno de España ha aprobado en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas urgentes para paliar las consecuencias de esta crisis energética. A continuación, analizamos los aspectos más relevantes:
Medidas sobre tarifas de energía
Los descuentos en bono social eléctrico y térmico para consumidores vulnerables y vulnerables severos, así como la garantía de suministro de energía y agua a estos consumidores son un paso en la dirección correcta.
A su vez, permite una flexibilización de los contratos eléctricos y de gas para consumidores autónomos y PYMEs; Y un aumento de capacidad de almacenamiento subterráneo a canon cero que abaratará la factura de gas para el consumidor final.
Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR)
El RDL 7/2026 introduce medidas orientadas a desbloquear el despliegue renovable, en línea con la necesidad de acelerar proyectos ante el aumento del peso de las energías limpias en el sistema eléctrico español.
En este contexto, celebramos la designación de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) que priorizarán el desarrollo de proyectos en áreas con menor impacto ambiental, reducirán los tiempos de tramitación de los mismos y refuerzan la evaluación de impactos ambientales.
A pesar de ser medidas por lo general positivas, nos preocupa la falta de especificación de los tipos de proyectos y tecnologías a los que se refiere la ley. A falta de esta
especificación, tememos que, bajo un supuesto de neutralidad tecnológica, se acabe favoreciendo de facto los grandes proyectos centralizados, dificultando el despliegue de renovables distribuidas, socialmente integradas y alineadas con una transición energética justa.
La simplificación de procedimientos solo es positiva si se vincula a criterios claros de aceptación social y sostenibilidad ya que de lo contrario puede acelerar de forma indiscriminada macroproyectos sin garantizar su adecuada integración territorial y ambiental.
Excelencia social y territorial en proyectos preferentes
Se introduce un sistema de reconocimiento voluntario para proyectos energéticos (renovables, almacenamiento y redes) que generen un impacto positivo en su entorno social y territorial. Este distintivo valora aspectos como la participación ciudadana en la financiación, la creación de empleo local, la formación profesional y la integración con actividades agroganaderas. Obtener este sello permite a los proyectos acceder a ventajas administrativas, como una tramitación más ágil, consideración preferente y una mejor posición en procesos competitivos del sector energético. Este punto es crítico para establecer requisitos científicos que aporten valor social y eviten ser una medida de bluewashing.
Además, se establecen medidas para acelerar el desarrollo de determinados proyectos, considerados de interés público. Estos incluyen iniciativas con alto estándar social, ubicadas en zonas de baja sensibilidad ambiental, instalaciones estratégicas y actuaciones de mejora como la repotenciación o hibridación. En estos casos, se prioriza la tramitación administrativa, pudiendo reducirse significativamente los plazos, incluso hasta la mitad, y simplificar la evaluación ambiental, limitándola al impacto adicional cuando los cambios no superan ciertos umbrales.
Medidas fiscales
Se establecen incentivos fiscales en el IRPF orientados a fomentar la eficiencia energética y la transición hacia energías limpias. Destacan deducciones de entre el 20% y el 60% para actuaciones de rehabilitación energética, con un máximo deducible de 5.000 euros, en función del ahorro conseguido. Además, se introduce una deducción del 15% por la adquisición de vehículos eléctricos y otra de entre el 10% y el 20% para la instalación de sistemas de autoconsumo energético, incluyendo baterías.
Por otro lado, se adoptan medidas fiscales de carácter general para aliviar los costes energéticos. Se elimina temporalmente el impuesto sobre la electricidad hasta junio de
2026 y se reduce el IVA al 10% en productos energéticos como electricidad, gas natural, biomasa, pellets y combustibles. En este punto, la rebaja fiscal a cualquier tipo de combustible fósil es un error. Asimismo, se impulsa la fiscalidad local mediante bonificaciones de hasta el 50% en el IBI para instalaciones de energías renovables y hasta el 95% en el ICIO, incentivando así su implantación.
Medidas sobre autoconsumo y comunidades energéticas
Se reconoce la figura de los gestores de autoconsumo como representantes autorizados de los consumidores asociados a estas instalaciones, pudiendo actuar en su nombre para facilitar la gestión y coordinación. Además, se amplían las condiciones del autoconsumo, permitiendo instalaciones a una distancia de hasta 5 km para cualquier tecnología de generación, con una potencia máxima de 5 MW y la posibilidad de conexión a través de redes de transporte y distribución.
Por otro lado, se introducen mecanismos para mejorar la planificación energética, como los concursos de demanda a futuro en redes de transporte y distribución. Asimismo, se refuerza el impulso a las comunidades energéticas mediante el compromiso de desarrollar su marco regulatorio en un corto plazo y reservar capacidad específica para su participación en subastas, favoreciendo así su desarrollo y expansión.
Redes eléctricas
Se refuerza la transparencia en el acceso a las redes eléctricas, obligando a los gestores de transporte y distribución a facilitar información detallada sobre las capacidades de acceso y conexión, tanto otorgadas como solicitadas, así como sobre los permisos caducados para instalaciones de generación y demanda eléctrica. Esta información podrá ser requerida por la administración competente y, cuando se considere de interés público, se publicará periódicamente para mejorar la visibilidad y planificación del sistema eléctrico.
Asimismo, se establece un nuevo mecanismo económico vinculado a la reserva de capacidad de acceso a las redes. Los consumidores que hayan realizado pagos por esta reserva podrán beneficiarse de reducciones en los peajes de transporte y distribución una vez inicien su actividad. Estas reducciones serán más intensas en los primeros años, alcanzando el 100% de lo abonado el primer año y disminuyendo al 80% en los años posteriores, incentivando así el uso efectivo de la capacidad reservada.
