La Fundación Renovables reclama que se grave únicamente a la generación con gas, petróleo, carbón y nuclear.
Hacienda no es un simple ente recaudador, sino la herramienta para avanzar en la descarbonización y en el despliegue de renovables.
Es necesario que la creación de este impuesto sirva para apuntalar la lucha climática, avanzar en la erradicación de la pobreza energética y elevar la soberanía energética de Europa.
Madrid, 08 de abril de 2026-. La creación de un nuevo impuesto para gravar los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas debe realizarse sin penalizar a las tecnologías renovables, como la eólica y la solar fotovoltaica. La Fundación Renovables celebra la propuesta realizada a la Comisión Europea por varios Gobiernos, entre ellos el de España, pero reclama que se haga siempre para penalizar a la generación eléctrica mediante combustibles fósiles y nuclear.
La parte impositiva, por tanto, debe ir sobre la generación fósil y sobre los sujetos fiscales que se aprovechan de su presencia integrada. Es decir, que el impuesto que plantea crear Bruselas no se fije tanto en quién paga, como en qué actividad genera el beneficio, que en este caso es la generación de energía a través de gas, petróleo, carbón y nuclear.
El impuesto al beneficio extraordinario –los llamados windfall profits que se generan por la concentración de poder y por la integración vertical del mercado energético– planteado de una forma genérica puede ser perjudicial para la transición energética, porque se gravan las ganancias globales de la compañía, incluidas las que se han conseguido con tecnologías renovables. Esto desincentivaría las inversiones en tecnologías como la eólica o la fotovoltaica, que han demostrado ya ser esenciales no solo en la lucha contra la crisis climática sino en el impulso de un sistema energético independiente de la volatilidad de los mercados fósiles.
Desde Fundación Renovables reclamamos que ese impuesto no se plantee de una forma generalista y que se aproveche esta situación para gravar únicamente la cuenta de resultados que proviene del gas, nuclear y el petróleo, y de un modelo energético basado en la concentración de poder. Esta sería una forma adecuada de elevar la recaudación en un momento de crisis, al mismo tiempo que se fomenta que las inversiones de las empresas vayan hacia tecnologías limpias y se eleva la independencia energética de la Unión Europea. La creación de este nuevo tipo impositivo debe ser útil, además, para avanzar en la lucha contra la pobreza energética.
Desde esta perspectiva, reiteramos, como ya hicimos con la creación del Real Decreto Ley 7/2026 del plan de respuesta a la guerra de Irán, que el diseño del impuesto contemple una reforma del IVPEE (Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica) para que sea diferencial y se graven las actividades fósiles y no renovables que calientan el planeta y encarecen la factura de la luz. En ese sentido, este es el momento adecuado para reducir impuestos indirectos a la electricidad, como es el caso del IVA o el IEE (Impuesto Especial sobre la Electricidad).
Recordamos que los impuestos no solo tienen un recaudador –sobre todo cuando se trata de un bien de primera necesidad–, sino que es la herramienta más potente para transformar nuestro modelo energético, incentivando las inversiones en tecnologías renovables y transformar los modelos de consumo. Se debe entender, además, como una reforma estructural que vaya más allá del enfoque coyuntural derivado de la guerra en Irán. Es decir, la propuesta de España y otros cuatro países debe tener más ambición y ajustarse al momento de la historia, sirviendo, no solo para recaudar, sino para que Europa pueda avanzar hacia un futuro cien por cien renovable, independiente y soberano.
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Alejandro Tena, responsable de Comunicación
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