- El equipo muestra su apoyo a las organizaciones sindicales convocantes y señala la necesidad de recuperar derechos fundamentales como el acceso a una vivienda digna y a un medio ambiente saludable.
- También reclama respuestas estructurales y advierte frente a los parches y medidas de última hora para abordar problemas que requieren políticas de largo plazo.
Madrid, 10 de noviembre de 2026. Los trabajadores y las trabajadoras de la Fundación Renovables manifestamos la adhesión a la huelga general convocada para mañana, 11 de noviembre, y mostramos nuestro apoyo a las organizaciones sindicales y sociales que han impulsado esta movilización en defensa de la vivienda, los salarios, los derechos laborales y unas condiciones de vida dignas.
Los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Renovables secundaremos la huelga, no solo como muestra de solidaridad con quienes se movilizan, sino también como parte de una sociedad que sufre directamente las consecuencias de la pérdida de derechos, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de las condiciones de vida. La defensa de estos derechos nos interpela y exige respuestas que pongan a las personas y su bienestar por delante de los intereses económicos y especulativos.
Consideramos especialmente preocupante la dificultad creciente de amplias capas de la ciudadanía para acceder a una vivienda digna y asequible. El acceso a la vivienda no puede quedar condicionado por un mercado en el que la especulación y la búsqueda de rentabilidad están desplazando su función social. La emergencia habitacional afecta especialmente a jóvenes, familias trabajadoras y personas con menores ingresos, y compromete su capacidad para desarrollar un proyecto de vida con dignidad.
La defensa de la vivienda y la defensa del medio ambiente forman parte de una misma agenda de derechos. No puede hablarse de transición ecológica justa si una parte creciente de la población no puede acceder a una vivienda adecuada, si debe dedicar una proporción desproporcionada de sus ingresos a pagarla o si las políticas urbanas y energéticas siguen generando desigualdad.
La rehabilitación energética de los edificios, el acceso a una climatización adecuada, la reducción de las facturas energéticas, la movilidad sostenible y la regeneración de los barrios deben formar parte de una política pública que sitúe el bienestar de las personas y la protección del medio ambiente por encima de la especulación y de los intereses particulares.
La pérdida y vulneración de derechos que está poniendo de manifiesto esta movilización debe ser una prioridad para la próxima legislatura. No basta con reaccionar ante las consecuencias más visibles de la crisis de vivienda o de la pérdida de poder adquisitivo con prisas y parches de última hora: es necesario abordar sus causas y desarrollar políticas estructurales que garanticen el ejercicio efectivo de derechos básicos.
Por su parte, la Fundación Renovables respalda la decisión de sus trabajadores y trabajadoras y considera su participación en la huelga una expresión legítima de su compromiso con la defensa de los derechos sociales y ambientales y con los objetivos que forman parte de la actividad y los valores de la propia organización.
