La Fundación Renovables exige al Gobierno que retire su propuesta y la redacte de nuevo tomando nota de las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de autoconsumo
La Comisión Europea saca a relucir entre las mejores prácticas de autoconsumo la alemana, donde se subvenciona la instalación de baterías al contrario que en España donde se pretenden prohibir
La Comisión Europea ha puesto a los consumidores en el centro de su política energética con el objetivo de que los beneficios de la democratización de la energía lleguen a la ciudadanía en su totalidad dándole mayor peso y un papel activo en el sector.
De hecho la nota de prensa de la institución destaca que “Los consumidores deben ser libres de generar y consumir su propia energía en condiciones justas para ahorrar dinero, ayudar el medio ambiente y asegurar la seguridad de suministro”.
El autoconsumo y la democratización de la energía son un derecho ciudadano, no sólo de los de mayor poder adquisitivo, tal y como insinúa el proyecto de RD de Autoconsumo del Gobierno. Al contrario son derechos más urgentes para las personas vulnerables tanto a la pobreza energética como a los impactos más devastadores del Cambio Climático.
Desde la Fundación Renovables celebramos que la Comisión Europea, guiada por los principios de democratización de la energía recogidos en la Unión Energética haya reconocido la petición de la Fundación Renovables de recoger las mejores prácticas internacionales sobre autoconsumo en su documento creando así una clara indicación sobre la necesidad de derribar las barreras para que la ciudadanía pueda jugar en paridad de condiciones con las grandes empresas en el sector energético.
Estas recomendaciones van en dirección contraria al Proyecto de RD sobre Autoconsumo del Gobierno español. La comunicación consultiva de la Comisión Europea sobre Mercado minorista de electricidad publicada hoy no sólo evidencia el potencial del autoconsumo para reducir las facturas eléctricas de los usuarios. El documento de trabajo sobre mejores prácticas dista en todo de la propuesta del Gobierno delatando su intención de frenar de facto el autoconsumo en España.
“La propuesta del Gobierno sobre autoconsumo es un ataque frontal a los intereses de los ciudadanos españoles en aras de los del lobby Magritte de las empresas energéticas, obstaculizando la transición energética y la inevitable democratización energética. Aunque su intervención en el documento de la Comisión es evidente, éste sigue invalidando por completo el Proyecto de RD del ministro Soria” ha declarado Domingo Jiménez Beltrán, Presidente de la Fundación Renovables.
El autoconsumo, imprescindible para el “Nuevo Acuerdo” con los consumidores europeos
El documento de trabajo sobre las mejores prácticas sobre autoconsumo de la Comisión Europea es una demostración de cómo los gobiernos tienen que dejar de pensar en claves de fuentes energéticas del siglo pasado y pasar a desarrollar un nuevo sistema capaz de extraer lo mejor de las renovables y la gestión de la demanda y trasladar sus beneficios a la sociedad en su conjunto.
Mejores prácticas aconsejadas para la regulación del autoconsumo no recogidas en el Proyecto de Real Decreto del Gobierno:
a.- Vía retribución por primas o vía balance neto pero siempre derecho a percibir retribución por la electricidad vertida a la red.
La Comisión se decanta porque la retribución de la energía excedentaria tienda gradualmente al precio de mercado mayorista, partiendo incluso de modelos que priman ésta por su carácter de renovable y pasando por otros donde se valora la energía excedentaria a precio minorista (balance neto). En España, salvo que el consumidor se convierta en empresario, debe regalar sus excedentes de energía.
b.- Eliminar las barreras burocráticas y administrativas para el autoconsumo.
La Comisión Europea subraya que los procedimientos administrativos y de autorización complejos e injustamente onerosos son una barrera. Sugiere que, tal y como Portugal, Hungría, Italia y Suecia, las plataformas de información online son un ejemplo a seguir y aboga por procedimientos simplificados para pequeñas instalaciones, incluyendo la mera comunicación en lugar de la autorización previa. La propuesta del gobierno español aplica el procedimiento de autorización previsto en el Real Decreto 1699/2011 pensado para instalaciones que venden energía a la red: una traba arbitraria, innecesaria e injustificada que puede llegar hasta duplicar el coste de una instalación.
c.- No a impuestos y cargos discriminatorios. Si bien la Comisión Europea asume que una introducción masiva de autoconsumo podría afectar a la recaudación para cubrir los costes de la red eléctrica, en ningún caso propone cargos o impuestos discriminatorios ni sobre la energía vertida a la red ni sobre aquélla autoconsumida. El documento de “Nuevo acuerdo con los consumidores” lanzado hoy propone una revisión de la estructura de las tarifas eléctricas para que reflejen los costes reales, sean justas, sencillas y transparentes para los consumidores al mismo tiempo que apoyan la consecución de los objetivos europeos en materia de renovables y eficiencia energética. Nada que ver con la falta de objetividad con la que se ha duplicado en España la parte fija de la factura eléctrica en los dos últimos años.
Desde la Fundación Renovables entendemos que no tiene sentido cargar con cargos e impuestos una medida de eficiencia energética. Mucho menos, discriminar el autoconsumo respecto de otras alternativas de ahorro. Además,una parte relevante de la tarifa eléctrica corresponde al término de potencia que el consumidor seguirá pagando aunque autoconsuma parte de su energía.
En Italia, las instalaciones inferiores a 20 kW no pagan ningún tipo de cargo. Las superiores a los 20 kW, un cargo de 36 €/año. En Portugal, están exentas hasta que el autoconsumo alcance el 3% de la potencia total instalada en el país.
Al contrario, en España, el Gobierno quiere cargar la energía producida que ni siquiera alcanza la red eléctrica con un importe equivalente a nada menos que el 40% de lo que le habría costado al consumidor comprarla a red. Al año podría corresponder a más de 200 €, haciendo que a paridad de consumo de electricidad, un hogar que comprara toda su energía de la red pagaría menos que otro que autoconsumiera parte de su demanda.
d.- Si se aplican cambios de retribución o de cualquier otro aspecto regulatorio, que no sean retroactivos para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en autoconsumo; y asegurar condiciones económicas predecibles. Al contrario, el Proyecto de Real Decreto ilegaliza a posteriori todas las instalaciones que no quedan recogidas en su texto dando un pírrico plazo de 6 meses para su adaptación. Del mismo modo, propone un marco económico transitorio que tan solo dura cuatro años sin especificar cuáles serán las condiciones a posteriori.
e.- Permitir el autoconsumo para comunidades de vecinos o polígonos industriales.
Garantizar un marco estable para la agregación de la demanda y para el Autoconsumo compartido, como unión de varios generadores/consumidores, incluyendo el almacenamiento de energía compartido, bien sea en comunidades, en polígonos industriales u otras posibilidades es clave para la Comisión Europea. Los agregadores podrán facilitar la participación de los consumidores en el mercado mayorista. Sin embargo, el Proyecto de Real Decreto de Autoconsumo impone que el productor y el consumidor de una instalación de autoconsumo sean la misma persona, eliminando todas las demás posibilidades de participación ciudadana en el sector energético.
Además, al limitar a 100 kWp las instalaciones fotovoltaicas y eólicas para autoconsumo impide que se desarrollen en España proyectos de éxito como el de una instalación fotovoltaica de 320 kWp de una procesadora de productos alimentarios italiana que gracias al autoconsumo consigue reducir sus facturas energéticas un 35%.
f.- Promover el almacenamiento descentralizado de energías renovables. El almacenamiento de energía descentralizado es clave para activar medidas de gestión de la demanda y aumenta la capacidad de autosuficiencia gracias al autoconsumo. Al mismo tiempo puede, junto a la gestión de la demanda, incrementar la flexibilidad del sistema necesaria a integrar cuotas crecientes de energías renovables variables. El proyecto de Real Decreto, al impedir el almacenamiento de energía para las instalaciones de pequeña potencia e imponiendo un cargo abusivo en los demás casos, también impediría el desarrollo de otros casos de interés especialmente para las aplicaciones residenciales. Por ejemplo, una instalación fotovoltaica residencial para una vivienda unifamiliar con baterías con la mitad de la capacidad de almacenamiento ofertada recientemente por Tesla (3 kWh) puede aumentar la ratio de energía autoconsumida desde un 30% inicial hasta un 45-75%, según el perfil de consumo.
El Proyecto PV Parity ha demostrado que el autoconsumo apoyado por almacenamiento de energía y gestión de la demanda puede reducir los costes adicionales del sistema de la integración europea de fotovoltaica hasta elevados niveles de penetración en hasta un 20%.
El Gobierno alemán concede la devolución de impuestos hasta un 30% por la adquisición de una batería para autoconsumo de hasta 30 kW y préstamos a tipo de interés bajo para su compra.
g.- El autoconsumo es para todos los consumidores especialmente los más vulnerables. Para ello se deberán posibilitar modelos de negocio e instrumentos de financiación que posibiliten el acceso al autoconsumo por parte de todos los consumidores. El Proyecto de RD del Gobierno impide de un plumazo compatibilizar autoconsumo y el acogerse a la tarifa regulada, incluyendo el Bono Social.
La Comunicación de la Comisión Europea conlleva una consulta pública en la que la Fundación Renovables participará para pedir que la Unión Energética y sus desarrollos lleven al emerger de las soluciones para un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Entre otras cosas, la Fundación Renovables pedirá que la Comisión Europea aproveche la oportunidad para eliminar todas las subvenciones a las energías fósiles y nuclear tal y como adoptado por el G20 y como herramienta fundamental para alcanzar el objetivo expresado en la Comunicación de favorecer la paridad de condiciones para que los consumidores entren en el mercado eléctrico como productores de renovables y para mayor transparencia de los costes y precios de la energía.
Además, la Fundación denuncia que el Real Decreto del Gobierno da la espalda a las mejores prácticas internacionales para la democratización de la energía y por ello exige que se retire y se sustituya urgentemente por un nuevo texto acorde a las recomendaciones de la Comisión Europea.
La Fundación Renovable recuerda que la transición hacia un modelo renovable, eficiente y racional es inevitable y que el autoconsumo tendrá un importante rol en ella. Oponerse al cambio retrasará y encarecerá su llegada; pero no podrá evitarla.
“No es de extrañar que las empresas energéticas estén entre las peor valoradas en términos de reputación y responsabilidad social corporativa por la ciudadanía. Sabemos de sus presiones sobre los reguladores a través de UNESA y del lobby Magritte para mantener un sistema energético perjudicial, falto de transparencia y artificialmente caro. La energía es de la ciudadanía, es un derecho básico. No sólo decidir cómo consumirla, sino también poderla producir con energías renovables” ha añadido Domingo Jiménez Beltrán.
