15 de diciembre de 2016 -. La nueva propuesta de Directiva de Energías Renovables presentada por la Comisión Europea dentro del paquete de Invierno sobre Energía de la Unión, supone un avance importante en el camino hacia un nuevo modelo energético pero sus objetivos no responden a la ambición que el momento actual requiere. Esta es la conclusión general de los diferentes expertos que ayer se dieron cita en la Jornada “Directiva Europea sobre Energías Renovables. Desafíos y oportunidades”. El acto, organizado por la Fundación Renovables, con la colaboración de ANPIER, ha recogido la visión de un amplio panel de representantes de diferentes sectores.
Ferrán Tarradellas, Director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, fue el encargado de presentar la propuesta de la Comisión y señaló que el objetivo principal es convertir a la Unión Europea en líder mundial de renovables y alcanzar los objetivos climáticos y energéticos para 2030. Para ello, la Comisión establece una inversión de 177.000 millones de euros adicionales por año a partir de 2021, incluyendo la inversión en renovables. Este paquete busca “asegurar un alto nivel de certeza de los inversores para reducir el coste de capital para el despliegue de sistemas de energías renovables. Por encima de todo queremos asegurar que alcancemos el objetivo de al menos el 27% de energías renovables respecto al consumo final de energía” añadió.
Precisamente este último punto fue uno de los más cuestionados por la mayoría de los ponentes al considerarlo, a todas luces, insuficiente y más teniendo en cuenta, tal y como apuntó el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jimenez Beltrán, la maduración que el sector renovable ha experimentado en la última década. Para Beltrán “hablar del 27% es condenar a Europa a un incremento de energías renovables de la mitad de lo que se ha estado haciendo en estos últimos años consiguiendo así atemperar lo inexorable, la descarbonización de la economía, y aminorar el proceso que señalaban las Hojas de Ruta”.
Otro de los elementos más controvertidos de la Directiva es el carácter no vinculante de los objetivos por países. Para Enrique Soria, Director de la División de Energías Renovables del CIEMAT, esto supone una gran desventaja para España. Soria criticó que “pervivan mecanismos de apoyo a las energías fósiles, posiblemente fruto de la presión de muchos países, lo que pone seriamente en riesgo la capacidad de la Unión Europea para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático”. Como punto positivo resaltó la propuesta de la propia Directiva, dada la ausencia de una política energética común en Europa.
En esta línea, el Director de Regulación de Acciona, José López–Tafall, defendió que el sector renovable debe seguir apoyando a la Comisión “porque es el mejor aliado que tenemos en Europa” y aunque consideró que el objetivo de la Directiva aspiracionalmente es positivo, señaló “agujeros importantes y la pérdida de oportunidad en la utilización de instrumentos de la Unión Europea para premiar inversiones en renovables y desincentivar las de energías contaminantes”.
En una segunda mesa, José María González Moya, Director General de APPA, Juan Castro-Gil, Secretario de ANPIER, Javier Garcia Breva, Asesor de Políticas Energéticas desde La Oficina de JGB y Ferrán Tarradellas, Director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, desgranaron el alcance de la Directiva y la predictibilidad y competitividad del sector renovable europeo.
González Moya destacó como uno de los puntos débiles de este paquete la falta de fiscalidad ya que considera que es “la mejor vía para potenciar las renovables y abandonar el modelo que tenemos y la Comisión se ha olvidado de ella o la ha dejado de lado”.
Crítico se mostró también Juan Castro–Gil quien señaló la falta de ambición de la Directiva “extremadamente notable ya que, sin tomar ninguna medida adicional y siguiendo la senda actual llegaríamos al 24,3% de renovables”. Una visión compartida también por Javier García Breva quien considera que el paquete en su conjunto es “insuficiente y contradictorio con el Acuerdo de París y con la Hoja de Ruta aprobada por la Comisión Europea con horizonte en 2050”. Como novedades importantes Garcia Breva destacó que por primera vez los objetivos de eficiencia, renovables y emisiones conforman un solo objetivo de energía y clima.
En una última mesa redonda, Julio Enrique Campo, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Jorge Romea, Jefe del Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Aida González, Directora de Política Energética de UNEF y Sara Pizzinato, Responsable de la campaña de renovables de Greenpeace, aportaron su visión sobre el papel del ciudadano como motor de cambio en el modelo energético.
Para Aida González, la Directiva de Renovables es una buena señal teniendo en cuenta la situación actual de España. “Si en cuatro años tenemos la misma Directiva que ahora mismo ya serian buenas noticias, después habrá que ver su implantación” señaló. Destacó que “la Comisión se propone ayudar a la parte de la sociedad que va a tener más problemas en embarcarse en la transición energética, quieren facilitar el conocimiento y gestión del consumo, hacer más activos a los ciudadanos que no quieren producir su propia energía y a los que quieren producirla, autorizarles a producir, consumir y vender los excedentes de energía, aunque esto puede ser muy interpretable” matizó.
Por su parte, Julio Enrique Campo, quiso hacer hincapié en la propuesta de ley de cambio climático y transición energética presentada recientemente por Alianza por el Clima como elemento fundamental para llevar a cabo el cambio de modelo energético en España, una herramienta que, considera, debería ir en paralelo a la implementación de las medidas plasmadas en la Directiva ,muy mejorable a su juicio.
Jorge Romea señaló que “si bien los ayuntamientos son motores de cambio importantes, se les tiene que dotar de herramientas para llevar a cabo los cambios y no de políticas contradictorias que dificulten la consecución de sus propios objetivos”. En este sentido, Romea afirmó que “el paquete de invierno no parece avanzar en facilitar el papel de los municipios”.
Por último, Sara Pizzinato, destacó la imperante necesidad de más ambición en las políticas energéticas de cara al cumplimiento del compromiso de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 °C, tal y como se acordó en el acuerdo climático de París. Respecto al empoderamiento ciudadano, Pizzinato señaló que “con las políticas adecuadas, la mitad de la ciudadanía europea podría participar de manera activa en el sector eléctrico en 2050 y cubrir el 45% de la demanda del continente”.
Pese al sentimiento generalizado de falta de ambición, los ponentes coincidieron en que el paquete de invierno de la Comisión Europea debe ser mejorado significativamente en el proceso que se abre ahora de discusión en el Parlamento Europeo y en la necesidad de reforzar las acciones de influencia sobre el mismo en los próximos meses. Pero también señalaron que supone una buena referencia para las discusiones que en España debemos de tener, ya que, tal y como afirmó Concha Cánovas, Patrona de la Fundación Renovables, nos encontramos en las antípodas de lo que se pretende con esta Directiva. Domingo Jiménez Beltrán concluyó afirmado que “nos encontramos en un momento decisivo y debemos dar una bienvenida calurosa a la propuesta de la Directiva, a todo el paquete de invierno y a las intenciones de la Comisión, pero la Comisión debe estar a la altura de sus intenciones”.
