Ayer en el Congreso se aprobó una PNL para dar una bonificación al carbón nacional
Fundación Renovables, y Greenpeace e IIDMA lamentan que la mayoría de los diputados de Podemos votase a favor de la PNL de diputados socialistas de las cuencas carboneras
Madrid, 21 de abril de 2016.- Greenpeace y la Fundación Renovables felicitan a los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, Democraci i Llibertat y En Comú Podem, que ayer votaron coherentemente en contra de aprobar una bonificación al carbón nacional para potenciar su uso en la producción de electricidad, objetivo de una Proposición no de Ley (PNL) promovida por diputados del PSOE de las comarcas carboneras sometida a votación en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.
Ambas organizaciones critican que el resto de los diputados de Podemos, encabezados por su portavoz, que hizo un discurso favorable a las renovables, votara al final incoherentemente a favor de bonificar el carbón nacional, es decir, a favor de otorgar una ayuda encubierta a este combustible fósil que ayudaría a incrementar su participación en el mix eléctrico, con un claro perjuicio para las energías renovables y, por lo tanto, vulnerando el compromiso electoral de Podemos, partidario del cierre de las centrales térmicas de carbón.
Las emisiones de CO2 crecieron un 5% en 2015 con respecto a 2014 hasta alcanzar los niveles de 1998 y fue debido a la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad. Asimismo, la quema de carbón genera emisiones de gases muy perjudiciales para la salud de los españoles como SOx, NOx y partículas. En 2015 se quemó un 22% más de carbón que en 2014
También el PSOE, que promovió esta PNL, incurre en contradicciones con su supuesto compromiso por un sistema eléctrico 100% renovable.
Fundación Renovables y Greenpeace también lamentan la abstención de Ciudadanos y del Partido Popular, quienes fueron críticos con la propuesta de bonificar al carbón de esta PNL, por su dudosa legalidad y por el despilfarro que se ha hecho de las enormes ayudas al carbón.
De hecho, las subvenciones a la minería del carbón obligan a que han de cesar completamente para 2018 según normativa europea y a día de hoy España no ha presentado todavía a la Comisión Europea un plan de cierre justo para la minería del carbón garantizando empleos sostenibles para los trabajadores. Los subsidios al carbón ya han costado a los ciudadanos en España más de 32.000 millones de euros.
Ninguna bonificación ni subsidio debería estar supeditada al uso de combustibles fósiles. De acuerdo con las Directrices de la CE “una medida para abordar un problema de adecuación de la producción se ha de conciliar con el objetivo medioambiental de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente o la economía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles”, lo que no sucedería con este tipo de bonificación que promueve esta PNL, además de no respetar en ningún caso el «principio de “quien contamina paga”» pues las bonificaciones ayudarían a continuar con la contaminación y a seguir agravando el cambio climático. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) recuerda que este tipo de bonificaciones constituyen una ayuda de estado que deben ser notificadas a la Comisión Europea y requieren su previa aprobación. Si posteriormente ésta declarara que la ayuda es incompatible con la normativa europea tendría que devolverse.
La Fundación Renovables y Greenpeace confían en que todos los partidos asuman el desafío del cambio climático con coherencia y entiendan que el carbón tiene que desaparecer a corto plazo de nuestro sistema energético.
El objetivo de la completa transformación hacia las energías renovables de nuestro sistema energético es ineludible y su expresión más clara es el cierre urgente de las centrales de carbón y el abandono de esta minería, para lo que el nuevo Gobierno deberá posicionarse en contra de las subvenciones al carbón y deberá concretarse en 2016 un plan de cierre progresivo de las centrales térmicas de carbón en España, que en todo caso se debería producir antes de 2025. El cierre de la minería debe ir acompañado de planes de “transición justa”, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo.
