Desde 2008, el anterior Gobierno y ahora el actual, han utilizado la discrecionalidad administrativa como forma de establecer un permanente estado de riesgo regulatorio e inseguridad jurídica para las renovables. El RDL 1/2012, al incorporar el término “temporal” a la moratoria para futuras inversiones, mantiene la inestabilidad regulatoria que desde el RD 661/2007, a decreto por semestre, ha sido el método elegido por la Administración para frenar y paralizar el futuro desarrollo de las renovables. Estamos ante una medida temporal sí, pero indefinida.
El hecho de que, paralelamente, se haya pedido a la CNE la apertura de una consulta pública para un nuevo ajuste regulatorio, llama poderosamente la atención porque si no se sabe qué hacer ¿por qué se dispara primero contra las renovables sin ningún tipo de diálogo previo y luego se piden opiniones? Es como reconocer que la moratoria renovable se decide a sabiendas de que no sirve para nada –apenas un ahorro de 160 M€– y, siguiendo el ejemplo del libro blanco de 2004 encargado a Pérez Arriaga, para ganar tiempo teniendo a todo el mundo entretenido.
Mientras tanto, la ONU, a través del Panel de Sostenibilidad Mundial, ya les ha dado la solución: eliminar de aquí a 2020 los más de 400.000 millones de dólares que los gobiernos gastan cada año en ayudas a los combustibles fósiles y a la nuclear y garantizar el acceso universal a las energías limpias.
La confirmación del riesgo regulatorio para las renovables coincide con el agravamiento de la inestabilidad en los mercados mundiales de hidrocarburos después del embargo al petróleo de Irán, los futuros cambios en Argelia y un creciente clima de incertidumbre por las consecuencias de la primavera árabe. Lo cierto es que los precios de las materias primas energéticas están y seguirán al alza, lo que acrecienta el coste de nuestra dependencia de las importaciones de petróleo y de gas y de nuestra mayor intensidad energética, por el mayor consumo de esas fuentes.
Sorprende que en ningún momento se haya hablado de ahorro de energía; pero menos si se tiene en cuenta que el instrumento más eficaz para mejorar nuestra independencia energética ahorrando energía es incrementando el consumo de fuentes de origen renovable. Resulta un error incomprensible que la regulación no incluya estos escenarios y, por el contrario, si en los últimos años se han conectado 3.000 nuevos MW de centrales de gas, se acaban de autorizar 850 MW más y a la vez se reconoce un déficit en la tarifa del gas basada en los precios secretos de aprovisionamiento, urge una explicación ya que todo indica que una vez perdida la soberanía energética, se está perdiendo también la soberanía regulatoria.
Parar las renovables hasta nueva orden implica ignorar el objetivo del 20,8% de consumo final de renovables hasta 2020, o lo que es lo mismo, que en la presente década sólo se instalen los kilovatios ya autorizados y ni uno más. Es la petición que desde 2010 se lleva haciendo desde los sectores negacionistas que han cuestionado los propios objetivos de la Unión Europea en renovables y emisiones de CO2. Sin embargo supone el fin a un modelo de desarrollo regional y equilibrio territorial que las Comunidades Autónomas, con más visión que el propio Estado, habían planificado desde hace más de una década y que está en la base del éxito del modelo eólico y solar español. Frente a estos efectos, el sector de las renovables tampoco ha cerrado filas sino que, sálvese quien pueda, la mayoría ha reclamado su régimen económico específico de acuerdo al artículo 3 del RDL 1/2012. Si observamos también cómo se ha hecho tabla rasa de la política medioambiental se puede ver cómo, ante una política anti-renovable sin complejos, la defensa de las renovables sigue acomplejada.
Dos consideraciones se suelen olvidar cuando se habla de los problemas de nuestro sistema energético, la primera es la relación directa que existe entre el desarrollo de las energías renovables y el cambio de patrón de crecimiento económico. Los problemas de la economía española son, ante todo, de modelo y el cambio de modelo productivo va unido al cambio de modelo energético. Este último decreto es continuación de los del anterior Gobierno y equivocadamente se basan en un mismo principio: muerto el perro se acabó la rabia. No es cierto, y esta es la segunda consideración: aunque maten a las renovables, seguirá subiendo la luz y seguirá aumentando el déficit de tarifa. Porque aun siendo las renovables un coste para el sistema, es un coste planificado y regulado y no es el más importante; por el contrario, los costes más importantes del sistema son los que provienen de la parte liberalizada y que determinan nuestras importaciones energéticas que constituyen dos terceras partes del déficit comercial y el mayor consumo de energía, más de un 20% superior a la media europea por unidad de PIB.
El coste de nuestra dependencia energética y su impacto en la economía merecería mucha más atención de nuestros organismos reguladores, porque sus precios y costes nos vienen impuestos de terceros países. Esa es la vulnerabilidad energética de España, ante la que hasta ahora se prefiere mirar para otro lado con la excusa de las renovables.
Las energías renovables son la única fuente que permite un análisis coste-beneficio y me remito al balance de sus externalidades que se puede leer en el Plan de Energías Renovables 2011-2020. Son la única fuente cuya previsión en precios y costes para 2020 es decreciente a la vez que se incrementa su consumo. La falta de transparencia en los costes de nuestro sistema energético es una anomalía frente a la que merecería la pena actuar sin complejos.
La opacidad de algunas fuentes, como el gas o la nuclear, hace que el sistema actúe con formas de despotismo ilustrado que, bajo el paraguas de la defensa del consumidor, impone un modelo que prioriza las fuentes energéticas más caras y contaminantes.
La falta de una competencia real y la no internalización de los costes reales de cada fuente de energía hace muy difícil un debate que sea comprensible para la sociedad.
Ha habido países donde las renovables se han vinculado tanto a la identidad como a la estrategia económica nacional. Brasil con el etanol, Dinamarca con la eólica en tierra, Alemania con la fotovoltaica o Reino Unido con la eólica marina son solo algunos ejemplos. Todos compiten mejor que España. Persistir en políticas a corto plazo es un error porque la competitividad de las renovables va a ser un hecho en esta década y los países con los que competimos se han empeñado en reducir su dependencia de los combustibles fósiles y de la energía nuclear.
Nuestro verdadero fracaso sería no intentarlo y eso pasa por considerar a las renovables como estratégicas para el futuro de nuestro país.
Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables
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