Al nuevo Gobierno le están esperando sobre la mesa muchos y graves problemas entre los que destaca, sin lugar a dudas, la peor lacra de la actual crisis como es el hecho de que cinco millones de personas no tengan acceso al trabajo. Entre la larga relación de problemas reales algunos han intentado colar como tal lo que en realidad es parte de la solución: el futuro de las energías renovables.
UNESA y las empresas que a esta patronal pertenecen, han desatado una ofensiva de descalificación de las renovables con la que pretenden, situando a estas como el principal lastre de nuestro sistema, diseñar la futura política energética para el nuevo Gobierno: moratoria para las renovables, más gas y más nuclear. Una estrategia que responde solo a los intereses a corto plazo de los balances de estas empresas, pero en ningún caso al interés común de nuestra sociedad.
Lamentablemente, coincide esta senda de futuro con los trazos que ya ha dejado señalados el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a lo largo de esta última legislatura. La moratoria fotovoltaica ya está implantada, la moratoria eólica ha quedado frustrada en el último momento al rechazarse un borrador de real decreto que suponía su paralización y se anuncia y reclama ya la moratoria para la termosolar.
El efecto más inmediato ya se ha conseguido, como es ahuyentar la inversión en renovables -se ha reducido más de un 50% en España cuando en el resto del mundo no deja de crecer- y dejar aprobado un mix energético que limita el crecimiento de las renovables hasta 2020, que incrementa la cuota del gas natural y del carbón y que deja abierta la posibilidad de prorrogar la vida útil de las nucleares.
A ello hay que añadir -como denunciaba recientemente la Fundación Renovables– un reguero de incumplimientos: no se ha transpuesto la Directiva de Renovables después de dos años y medio en vigor, dos días antes de las elecciones se aprueba el RD de instalaciones de muy pequeña potencia, no hay Ley de Renovables ni Ley de Eficiencia Energética y se ha aprobado a última hora un Plan de Energías Renovables 2011-2020 rácano en objetivos y contradictorio con los beneficios que el propio documento reconoce a las renovables.
La alternativa más cara
UNESA y el MITYC pretenden diseñar la autopista de nuestro futuro energético apostando por la alternativa más cara, contaminante y dependiente: mantener la más alta dependencia energética, las mayores emisiones de CO2 y la mayor intensidad energética mientras que no se habla de ahorro de energía.
El nuevo Gobierno debe ser consciente de que por esa vía la energía seguirá siendo un factor de pérdida de competitividad porque supone pagar todos los años entre 40.000 y 50.000 M€ por las importaciones de gas, petróleo, carbón y uranio, que repercuten negativamente en nuestra balanza comercial. Nadie habla del riesgo que supone depender de fuentes energéticas de las que no controlamos ni los precios ni el suministro y que, por su carácter inflacionista, nos abocan a futuras crisis de subidas de precios y de tipos de interés, con su impacto negativo en la deuda soberana. Cualquier decisión en política energética, a día de hoy, tiene que tener en cuenta la reciente advertencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que pronostica un precio del crudo a corto plazo de 150 dólares por barril por la presión de la demanda de los países emergentes.
El nuevo Gobierno debe ser consciente de que lo conveniente en esta hora es una mayor preocupación por el futuro del país y menos por el balance de las eléctricas; una mayor preocupación por nuestra elevada dependencia energética y un proyecto para recuperar más independencia energética nacional. Y esa solo se puede recuperar con mayores objetivos de renovables y no frenando su desarrollo.
Frente a esta alternativa negativa para nuestra economía y nuestro entorno, desde la Fundación Renovables hemos propuesto la necesidad de un cambio de modelo energético que requiere rigor, coherencia y convicciones en base a estos principios:
- No se puede defender lo mismo y lo contrario. Es decir, no se puede alabar las renovables en los discursos para, inmediatamente, atacarlas y postergarlas en las decisiones.
- No se pueden derivar nuestros mayores costes energéticos, como son las importaciones energéticas, las emisiones de CO2, el despilfarro de energía o el tratamiento de los residuos radioactivos a las futuras generaciones. Es la peor demostración de insolidaridad.
- Es urgente una política energética a largo plazo para el país frente al riesgo regulatorio permanente. O lo que es lo mismo, es necesaria una regulación estable y el cumplimiento de los compromisos europeos.
- Es necesaria una fiscalidad para el cambio de modelo energético que penalice el mayor consumo de energía y de emisiones e incentive el ahorro y la eficiencia. Es la manera más efectiva de ahorrar energía y de reducir la dependencia energética y, además, de reducir nuestro déficit comercial.
- Es imprescindible un compromiso que garantice la independencia de los organismos reguladores.
- Es exigible una mayor transparencia en los mercados energéticos y para ello resulta imprescindible modificar el método opaco de conformación de precios de la electricidad, la internalización de costes y el reconocimiento de los costes reales de cada fuente energética.
Medidas inmediatas
Estas líneas generales deben concretarse en unas medidas iniciales para avanzar en el cambio hacia una nueva política energética entre las que destacarían tres muy concretas.
[dropcap3]1.[/dropcap3]Las competencias de energía en el nuevo Gobierno deberían adscribirse al Ministerio de Medio Ambiente, como sucede en muchos países de la UE. Entre otras razones porque, de acuerdo con el informe de la AIE World Energy Outlook 2011, el aumento de las emisiones de CO2 hace que el actual modelo energético basado en el mayor consumo de gas, petróleo y carbón sea insostenible por caro y contaminante. El nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a partir de 2017 hará que los efectos del cambio climático sean irreversibles y ello exige un mayor esfuerzo y políticas más agresivas con mayores objetivos de renovables..
[dropcap3]2.[/dropcap3]Por otra parte, tal y cómo solicitábamos desde la Fundación Renovables en el documento presentado a los partidos el pasado mes de septiembre, el nuevo Gobierno debe elevar el rango institucional del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), transformándolo en un órgano con capacidad de decisión y ejecución en las políticas de Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables y en un centro de innovación, investigación, desarrollo e inversión con mayor implantación territorial y vinculación con la industria nacional de renovables y servicios energéticos, que tendrá como prioridad la reducción de la elevada dependencia de las importaciones energéticas y el desarrollo de la generación distribuida que promueva un uso más racional de la energía y una economía más eficiente.
[dropcap3]3.[/dropcap3]Por último, es imprescindible la modificación de la metodología de conformación de precios de la electricidad que impide la transparencia y la competencia en los mercados de la energía. La opacidad –apuntada anteriormente– en todo lo que se refiere a los precios de la energía impide un debate sereno y riguroso sobre los costes del sistema y una información clara que permita la toma de decisiones en un horizonte a medio y largo plazo. Por el contrario, ahora todas las decisiones son cortoplacistas y sin tener en cuenta ni los costes reales del sistema ni su internalización por cada una de las fuentes de energía.
Empleo y desarrollo industrial
La Fundación Renovables reclama al nuevo Gobierno que valore lo que supone el cambio de modelo energético en creación de empleo y desarrollo industrial, que son, en la situación actual de nuestra economía, la prioridad absoluta. Por su parte los combustibles fósiles serán cada vez más caros y agotables mientras que el incremento de la demanda de renovables las hará competitivas en esta misma década.
Las renovables son imprescindibles y necesarias porque son la única fuente de energía autóctona, limpia y accesible a todos los ciudadanos y lo que pedimos es que en la legislatura que ahora se incia se reconozca el derecho de todos los ciudadanos a acceder a las energías renovables. Porque son parte de la solución y en ningún caso el problema.
