- La Fundación Renovables ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que busca regular los centros de datos.
- Es prioritario revisar la lista de conexión y evaluar la capacidad de permisos concedidos en la actualidad.
- La pérdida y ausencia de criterios de aceptación social puede provocar oposiciones en un futuro que paralicen su desarrollo.
Madrid, 03 de septiembre de 2026.- Los centros de datos son infraestructuras indispensables en una economía moderna y digitalizada. Por su estratégica ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables, España se ha convertido en un país atractivo para su construcción y desarrollo. Ante esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) ha lanzado una consulta pública para la elaboración de un Real Decreto que regule la avalancha de inversiones. La Fundación Renovables, en línea con sus alegaciones presentadas, propone una serie de aportes para convertir la nueva normativa en una herramienta eficaz, ambiciosa y pionera que compatibilice el crecimiento del sector digital con la transición ecológica, la seguridad del suministro eléctrico y la cohesión social y territorial.
Es importante que el nuevo proyecto de Real Decreto introduzca, en materia de energía renovable, un mecanismo de condicionalidad del acceso a la red (adicionalidad, correlación horaria, recargos, pérdida de permisos) más ambicioso y mejor dotado de instrumentos de cumplimiento que el borrador anterior.
No obstante, en sus alegaciones, la Fundación Renovables cuestiona la desaparición de disposiciones ambientales y sociales que ya figuraban, como la obligación de reutilización del calor residual y las métricas para favorecer la licencia social. Supresión que no ha ido acompañada de ninguna incorporación en materia de ordenación territorial, economía circular o definición precisa de energía renovable.
Este último punto es especialmente relevante. Debido a que el 80% de generación renovable debe tener correlación horaria –al no ser un cómputo neto anual– se corre el riesgo de que sea necesario el sobredimensionamiento de las instalaciones de generación solar y eólica para cumplir los objetivos planteados.
Además, la indefinición del concepto de «inversiones sostenibles» introducida por el Reglamento (UE) 2020/852 podría abrir la puerta, en el futuro, a que los centros de datos consideren como sostenible el suministro de electricidad procedente de energía nuclear o de gas natural con captura de carbono, en el marco del certificado energético para centros de datos que está elaborando la UE. Esta posibilidad sería contraria al objetivo de avanzar hacia una economía plenamente descarbonizada.
La ausencia de una delimitación expresa y precisa del concepto de «energía renovable» genera una laguna que podría permitir que tecnologías que no son renovables se contabilicen como generación limpia o sostenible a efectos de acreditar el cumplimiento de determinadas obligaciones.
Por tanto, es necesario que se restituyan las disposiciones suprimidas sobre licencia social, se cierren las lagunas definitorias señaladas y se incorporen los ejes territoriales y ambientales, de forma que el nuevo mecanismo de condicionalidad energética venga acompañado de una condicionalidad territorial y ambiental equivalente.
Acabar con la especulación de acceso y conexión
Para 2030, la patronal SpainDC estima que estarán operativos entre 2,6 y 2,9 GW. El Gobierno reconoce que, solo desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023, se han concedido más de 6 GW de capacidad de acceso en la red de transporte y en torno a otros 6 GW en distribución desde 2020.
Es decir, en la actualidad existe un total aproximado de 12 GW ya otorgados, cuatro veces más que el objetivo estratégico que se pretende alcanzar. Este boom exige, en primer lugar, una revisión de los proyectos concedidos hasta la fecha.
En algunos casos, muchos de esos expedientes, sin iniciativa industrial detrás, bloquean puntos de conexión que la industria electrificada, el transporte o la vivienda necesitan en la actualidad. La red es un recurso de una capacidad de conexión limitada y escasa, y, en estos casos, la capacidad de acceso no debería ser gratuita ni indefinida para quien no la usa.
Ante ese diagnóstico, la primera medida regulatoria debería ser liberar la capacidad ya otorgada y no utilizada, cribando y analizando los proyectos de centros de datos detrás de los 12 GW de permisos concedidos, y no únicamente condicionar el otorgamiento de la capacidad pendiente de solicitud.
La gestión activa de las colas de conexión -tanto a nivel transporte como distribución- permitirá evitar el acaparamiento de los permisos de acceso por proyectos paralizados, el bloqueo de proyectos maduros y la llegada de nuevas inversiones. Aplicar el concepto “primero en llegar, primero en conectar” no es suficiente, debe evolucionar en el caso de los centros de datos a “mejor en llegar, primero en conectar”, para discernir proyectos maduros y que cumplan los requisitos.
En materia hídrica, un centro de datos es, a efectos de consumo de agua, una instalación industrial de gran volumen y no una de uso doméstico o urbano ordinario. Por tanto, equipararlo a estos últimos en el régimen de concesión de agua desdibuja la jerarquía de usos que la propia Ley de Aguas reconoce. En este sentido, es crucial que la petición de recurso no se haga a los ayuntamientos. Debe realizarse a las cuencas hidrográficas, encargadas de que prevalezca la jerarquía de consumo entre los distintos sectores.
En resumen, la Fundación Renovables celebra el afán regulador del Gobierno para crear centros de datos “sostenibles, eficientes y soberanos”, pero remarca omisiones y ambigüedades que pueden echar por tierra este objetivo.
