- El pacto debe ser un cometido de todas las instituciones del Estado y disponer de un acuerdo político que le de estabilidad en el tiempo.
Madrid, 3 de agosto de 2026.- Las pasadas semanas, el mayor incendio de la historia de España volvió a exponer la necesidad de un gran acuerdo político y social para afrontar la emergencia climática. La Fundación Renovables celebra que el Gobierno insista en firmar un Pacto de Estado, pero advierte, como ya lo hizo en octubre del año pasado, que este convenio requiere no sólo de un amplio consenso, sino también de institucionalización, coordinación y una dotación presupuestaria lo suficientemente amplia y consistente.
Lo que está ocurriendo este verano, con una superficie quemada seis veces superior a la registrada en la misma fecha de 2025 y más de 170.000 ciudadanos afectados entre evacuados y confinados (cifra récord), reafirma que la aceptación del problema y el compromiso de todos los actores -instituciones del Estado, administraciones territoriales, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos y sociedad civil organizada- es ineludible para la mitigación y adaptación a la nueva realidad climática.
Dado este paso, desde la Fundación Renovables sostenemos que el Pacto de Estado debe contemplar y abordar los siguientes puntos:
- Cumplimiento efectivo de la Ley de Montes y la Directriz Básica de Protección Civil
Es prioritario reforzar los sistemas de alerta temprana, la vigilancia preventiva y los protocolos de actuación coordinada entre todas las administraciones competentes. La anticipación y la detección precoz son herramientas esenciales para minimizar la propagación de incendios cada vez más intensos.
Asimismo, es imprescindible fortalecer la coordinación entre comunidades autónomas, la Unidad Militar de Emergencias (UME), los bomberos forestales y el resto de los servicios de emergencia, mediante protocolos homogéneos, intercambio de información en tiempo real, formación conjunta y planificación integrada. Una respuesta rápida, coordinada y basada en la prevención es la mejor herramienta para proteger vidas, ecosistemas e infraestructuras frente a los incendios que asolan nuestra región cada vez con mayor frecuencia en verano.
- Gestión forestal
Es necesario sustituir el modelo centrado en la extinción por una gestión integral del paisaje que combine quemas prescritas y pastoreo, tratamientos mecánicos y la aceptación controlada de incendios de baja intensidad. Además, se debe integrar la gestión forestal en las políticas agrarias mediante incentivos a la actividad agroforestal, la colaboración público-privada y el uso cultural y seguro del fuego. También es prioritario actuar en la interfaz urbano-forestal con una gestión obligatoria de la biomasa, campañas de concienciación e implicación de los ayuntamientos.
- Resiliencia hídrica
Hay que reforzar la resiliencia hídrica mediante la incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) azules en la planificación autonómica y local, con incentivos para que los ayuntamientos las integren en la gestión del agua y la prevención de inundaciones. Asimismo, es necesario mejorar la gestión de las aguas depuradas y los acuíferos para reducir la contaminación y garantizar la calidad del agua para los ecosistemas y el consumo humano.
Es esencial también modernizar las infraestructuras hídricas mediante la renovación de redes, el seguimiento del cumplimiento de los planes de gestión, la instalación de sensores y el uso de inteligencia artificial para optimizar la gestión y anticipar riesgos, además de cubrir las balsas de riego cuando sea viable para reducir pérdidas por evaporación.
- Protección de la ciudadanía frente al calor extremo
Proponemos la creación de índices autonómicos que evalúen la severidad del efecto isla de calor urbano en las ciudades españolas. El propósito de este índice es contar con una fuente homologada y con indicadores de medición transversales a todas las ciudades para adecuar la adaptación de estas al nivel de urgencia y severidad que requieran. A partir de estos índices, proponemos la creación de un Plan Global de Adaptación al Calor en Ciudades que incluya, primordialmente, la renaturalización urbana (utilización y el desarrollo de SBN para la restauración y protección de los ecosistemas urbanos a través de la reintroducción de especies nativas, la creación de espacios verdes y el fomento de la biodiversidad en áreas urbanas).
- Fondos de Adaptación y Renaturalización
Es importante que los ingresos fiscales derivados de las renovables y las redes eléctricas vayan destinados a Fondos de Adaptación y Renaturalización en los diferentes municipios donde se instalan. Es necesario articular este fondo mediante una obligación legal en la regulación, para que el desarrollo de proyectos lleve aparejada la creación de estos fondos, gestionados por la administración local y la comunidad o los vecinos afectados, aportando financiación para iniciativas locales de resiliencia, adaptación y generación de valor social.
- Adaptación territorial de los sistemas agroganaderos
Urge fomentar una agricultura y ganadería extensivas, diversificadas y de proximidad, que se ajusten a las condiciones agroclimáticas de cada región y a las proyecciones de cambio climático. Deberán priorizarse los cultivos y razas ganaderas resilientes al estrés hídrico y térmico, reduciendo la dependencia de insumos externos (piensos importados, fertilizantes químicos o agua de regadío intensivo). Además, hay que insistir en la petición de una moratoria para nuevas macrogranjas, junto con campañas de sensibilización y concienciación sobre su impacto y la promoción de dietas saludables bajas en proteína animal.
- Creación de un Fondo Nacional para la Transición Climática
Hay una necesidad imperante de institucionalizar la lucha contra el cambio climático a nivel estatal, independientemente de la composición del Gobierno. Este fondo se dotará con una financiación estable a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una partida presupuestaria con un porcentaje mínimo del 0,05 de los presupuestos y con la posibilidad de un incremento progresivo dependiendo de la situación climática del momento.
- Equipos permanentes para combatir el clima extremo
Para llevar a cabo esta medida hay que adoptar un enfoque de gobernanza multinivel, colaborativo y con visión a largo plazo, así como fomentar la colaboración interadministrativa (local, autonómica, estatal) y la cooperación transfronteriza, especialmente con Portugal, basándose en criterios científico-técnicos. Conjuntamente, es necesario establecer marcos de financiación estables y a largo plazo que prioricen la prevención y la resiliencia, junto con la inclusión de la comunidad científica, los gestores forestales y la población local en la toma de decisiones.
- Creación de una Agencia Estatal de Prevención Climática
La respuesta ante la crisis climática no puede ser únicamente reactiva, sino que también -y, ante todo- debe ser preventiva, porque la protección es más efectiva en la prevención que en la actuación y recuperación a posteriori. Esta Agencia será un organismo de carácter técnico-científico adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Idealmente, contará con delegaciones territoriales, se financiará con partida propia en los PGE (0,05% del PIB) y gestionará sus propios fondos de manera autónoma.
- Exigencia a la Unión Europea de mayor ambición climática
Bruselas está virando desde el liderazgo en sostenibilidad al liderazgo en competitividad, priorizando el crecimiento económico a toda costa por delante del medio ambiente. La composición actual del Parlamento Europeo no incita a la esperanza para aumentar la ambición y acelerar. Las Directivas Europeas son acuerdos de mínimos que sientan las bases para que los Estados miembros las traspongan y las mejoren en función de su mayor o menor potencial. Esta es la prioridad actual, ante la posible ausencia de nuevas mejoras sustanciales en la regulación de la Unión Europea (UE). En el caso de España, exigir a la UE una mayor ambición pasa por adherirse al calendario de implementación de las normas climáticas aprobadas a nivel europeo.
