Gonzalo Gómez
Responsable de tecnologías renovables
____________________________________________________________________________________________________
- Las redes de distribución, en manos de pocas empresas privadas, son una infraestructura clave para la transición energética. En una experiencia inédita, más de 100 municipios catalanes se han agrupado para promover su gestión pública.
A lo largo de los últimos años el foco de la transición energética se ha puesto, por un lado, en el despliegue de renovables para reducir la dependencia de la electricidad de origen fósil; y por otro, en la electrificación de la demanda energética para sustituir motores de combustión y calderas de hidrocarburos por alternativas eléctricas. En estos dos frentes de acción se han concentrado la mayor parte de esfuerzos y avances, con mayor o menor éxito, de la descarbonización de la economía española y europea de los últimos años.
Sin embargo, existe otro eje, que en muchos casos queda relegado a un lugar secundario, aunque es absolutamente necesario para que el progreso en despliegue de renovables y electrificación del consumo pueda continuar: la reforma del sistema eléctrico, especialmente para la red de distribución.
El sistema de transporte y distribución eléctrico conecta la generación y almacenamiento con el consumo de electricidad, por lo que debe ser una infraestructura moderna y capaz de hacer frente a la transformación que está sucediendo en ambos extremos de la red. Uno de los problemas que más se hace notar en los últimos años son las restricciones y desaprovechamiento que sufre la generación solar y eólica en España: los vertidos de electricidad renovable están aumentando, superando un 9,5% de la generación renovable total en julio de 2026 por la incapacidad de la red de asumir mucha de la energía producida durante las horas de mayor sol y viento.
Por otro lado, actualmente la saturación de los puntos de conexión de la demanda eléctrica se sitúa en torno al 94%, estando muchos de los nudos totalmente bloqueados, y con largas colas de espera para lograr acceso a la red. Esto significa que apenas existe capacidad disponible para conectar nueva demanda eléctrica, lo que paraliza el proceso de electrificación de los consumos, además de frenar nuevos proyectos industriales, autoconsumos y comunidades energéticas, que deben esperar durante meses o incluso años para obtener su permiso de conexión a red.
Para mitigar estos dos grandes problemas, es necesario que la red sea flexible y capaz de transportar grandes flujos de electricidad sin congestionar el sistema, tanto en transporte como en distribución eléctrica. Además, se debe liberar capacidad en los puntos de conexión de la demanda, priorizando la conexión de nuevos consumos que estén listos para su conexión y aporten valor al territorio.
A diferencia de la red eléctrica de transporte, gestionada por Red Eléctrica, que conecta las grandes centrales de generación eléctrica con las subestaciones de transformación en alta tensión; la red de distribución une estas subestaciones con los puntos donde se consume la electricidad, en núcleos de población y áreas industriales. En España, la propiedad de las redes de distribución es privada, estando el 95% de la infraestructura en manos de cuatro grandes empresas energéticas a través de sus filiales: i-DE (Iberdrola), e-distribución (Endesa), UFD (Naturgy), y EDP (que incluye a Viesgo, E-Redes y Begasa).
La lucha de los municipios organizados
Tomando todo esto en consideración, parece razonable sugerir que la mejor vía de acción sea impulsar la propiedad pública de las redes de distribución, como ya se hace en lugares como Berlín, Helsinki, Noruega o Uruguay. Aún más cerca podemos encontrar iniciativas como la AMEP (Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública), que aglomera a más de cien municipios catalanes organizados para obtener la propiedad pública de sus redes de distribución.
La AMEP basa su actividad en el principio de que el acceso a la energía debería ser un derecho fundamental de la ciudadanía, que las redes de distribución son infraestructuras críticas, y que su control público refuerza la seguridad y la capacidad de atender a intereses públicos y no a incentivos de negocio. Por otro lado, defiende que la titularidad pública acerca los beneficios de explotación de la infraestructura al consumidor, que es quien paga el mantenimiento y operación de la misma. También que las redes cercanas a las poblaciones se gestionan mejor desde la administración local. Por otro lado, la actual integración vertical del sector energético encarece el precio de la electricidad, y la concentración del mercado reduce la competencia efectiva.
Para tratar de mitigar todas estas cuestiones, la AMEP ofrece un servicio de apoyo para la gestión de la red de distribución de electricidad, colaboración con una empresa pública de energía renovable local (L’Energètica) como medio de suministro propio para los ayuntamientos, y un impulso a la financiación de los entes locales en materia de transición energética. Además, realizan una incidencia activa para mejorar el marco legal e impulsar reformas en la normativa de operación de la red, tanto a nivel estatal como regional. Finalmente, en colaboración con otras entidades, proporcionan una serie de herramientas para mejorar el acceso a la información de la red de distribución local, asesoramiento y apoyo mutuo.
El ejemplo de la AMEP demuestra que la organización a nivel regional, con la implicación de administraciones y asociaciones municipales, es clave para avanzar en la lucha por una energía asequible y limpia que aporte beneficios a la ciudadanía y al territorio. Esperamos que este ejemplo a seguir, replicable en otros lugares que se enfrentan a estos mismos retos, se propague a través de numerosas iniciativas que permitan seguir avanzando hacia una red de distribución eléctrica más local, flexible y descarbonizada.
