Ismael Morales
Responsable de políticas climáticas de Fundación Renovables
Convertir a Europa en un electro-continente es una intención expresa que han llevado a Europa a ejecutar el Electrification Action Plan. La premisa es sencilla: armonizar y unir a todos los electroestados que están surgiendo por diferentes regiones en uno solo. Es cierto que el ritmo de avance de la electrificación es dispar. Tanto es así que Faith Birol, director de la Agencia Europea de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), expuso que «la lenta electrificación europea es un grave error».
Y es un gravísimo error porque la Unión Europea (UE), como tercer bloque económico más grande del mundo en términos de Producto Interior Bruto (PIB), no tiene apenas gas y petróleo. Por tanto, su vulnerabilidad es enorme y creciente. Los datos no dejan lugar a segundas interpretaciones. La UE tiene una dependencia energética del 57%, gasta casi 400.000 millones de euros al año en importar combustibles fósiles y, además, los subvenciona para bajar artificialmente su precio. En 2023 la cifra para subsidios fue de 110.000 millones de euros. La factura, por no llamarlo despilfarro, es inasumible para la economía y la política climática europeas. El gas y el petróleo suponen un sumidero de recursos públicos que debemos taponar cuanto antes.
Para materializar las intenciones y llevarlas a la práctica han fijado, por primera vez, un objetivo de electrificación de la demanda de energía, el 46% para 2040. Pendientes de analizar si ese objetivo se queda corto o es muy ambicioso, podemos asegurar que llega demasiado tarde. La electrificación siempre ha sido el camino hacia la neutralidad climática. Las dos crisis energéticas que hemos sufrido en apenas cuatro años deben ser una señal para que la UE se haga a la idea y asuma su responsabilidad. Con el objetivo de electrificación se persigue sustituir dos tercios de la demanda de gas, reducir a la mitad el consumo de petróleo, ahorrar 200.000 millones de euros en importaciones acumuladas hasta 2040 y reducir 520 Mt de CO₂ (20 % del total actual) para esa misma fecha.
El plan viene acompañado de mecanismos para conseguir materializar los objetivos. Pero, antes de desarrollar políticas que impulsen la electrificación, es necesario analizar las debilidades que dejan a Europa con un 21% de electrificación, por debajo tanto de China (31%) como de EE. UU. (22 %). El diagnóstico es prístino: la electricidad es ~3 veces más cara que el gas para las empresas y 2,5 veces para los hogares, los costes de vehículos eléctricos, bombas de calor y equipos industriales son altos, hay retrasos y limitaciones en las conexiones de la red eléctrica, cuellos de botella y, como se ha mencionado, altas subvenciones al gas y el petróleo que aumentan su competitividad respecto a la electricidad.
En esta línea, la Comisión Europea (CE) presentará una propuesta legislativa para «blindar» las facturas eléctricas de cara al futuro, con medidas enfocadas en dos frentes. Por un lado, en la reforma de la fiscalidad de la electricidad para equiparar la carga impositiva con la de los combustibles fósiles, eliminando los gravámenes que no se relacionan con el sistema eléctrico. Por otro, para abaratar el sistema y dar seguridad a los inversores, el plan apuesta por el almacenamiento energético como piedra angular, con un objetivo de 200 GW para 2030. Además, se actualizarán los códigos de red para integrar de forma fluida baterías, vehículos eléctricos y bombas de calor. Destaca, especialmente, el impulso a la recarga inteligente y la tecnología «vehículo a red» (V2G).
Respecto a las actuaciones por sectores, a nivel industrial se procederá a la revisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE), condicionando la asignación gratuita de derechos a inversiones reales en descarbonización, y se creará el Banco de Descarbonización Industrial, con una dotación de 100 mil millones de euros. La otra gran piedra de toque es el transporte. La CE revisará en 2027 la Directiva de Vehículos Limpios para reforzar los objetivos de emisiones cero en la contratación pública y trasmitirá una recomendación sobre incentivos fiscales y no fiscales para vehículos cero emisiones. Uno de los focos principales es el vehículo pesado eléctrico. Se revisará el Reglamento de Infraestructuras para Combustibles Alternativos (AFIR) para acelerar el despliegue de infraestructura de recarga, ampliando los Corredores de Transporte Limpio a todos los corredores de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y facilitando apoyo financiero para desplegar las inversiones en estaciones de recarga para camiones.
En el caso de la edificación, la CE estudiará la creación de un “Mecanismo de Mercado de Calor Limpio” que incentive a los fabricantes a aumentar las ventas de bombas de calor y reduzca la diferencia de costes iniciales. También se facilitará el lanzamiento de herramientas nacionales de comparación de precios para que los consumidores obtengan presupuestos transparentes y comparables de diferentes instaladores. Además, se promoverán modelos de financiación innovadores, como el arrendamiento social (social leasing), que permite a hogares de rentas bajas y medias acceder a estas tecnologías mediante cuotas mensuales asequibles. Del éxito de estas medidas de corte social depende, en gran parte depende, el del plan. La electrificación no debe dejar a nadie atrás.
No todo es positivo. Un error grave, a escala económica y de implantación de otras tecnologías, es la nuclear y el “todo vale” con los centros de datos. En el primer ámbito, promoverán la transfronteriza para agilizar los procesos de licencia y se instará a prolongar la vida útil de los reactores existentes donde sea seguro y económico. Esperemos que el error no pase de ser grave a histórico y la UE perciba que, una vez pasada la coyuntura de las crisis energéticas, la nuclear no es una energía de futuro para Europa. Sobre los centros de datos, no se especifica un control de su expansión, aunque sí determina que deberán aportar flexibilidad.
El plan es ambicioso, lo cual, aun llegando tarde, es un logro de coordinación. No ayudará al cumplimiento de los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clica (PNIEC) para 2030, pero si a la gestación de los nuevos de cara a 2040. La única duda es si, ante la fragmentación del Parlamento Europeo y el auge del negacionismo en los partidos de ultraderecha, será posible ejecutar el plan en su completa medida. Eso sí, cada Estado miembro es soberano y tiene todas las cartas para la electrificación sobre la mesa. La cuestión clave es saber usarlas.