Esperpento eléctrico

¿Qué sentido tiene que en un decreto-Ley que se publica en el BOE el último día del añoⁱ sobre protección social de las empleadas del hogar se cuele de rondón una modificación sustancial del sector eléctrico? O ¿qué sentido tiene, que por primera vez en muchos años, la norma básica que determina los precios eléctricos, la orden de peajes, se devuelva sin publicar tras haber hecho infructuosamente todo el recorrido establecidoⁱⁱ?

La verdad es que ninguno, pero es una prueba de libro del monumental enredo en que se encuentra el Ministro de Industria, Energía y Turismo. Había apostado por resolver definitivamente el problema que situó como central en el sector, el déficit tarifario, y por el momento no ha podido y hay indicios de que no podrá a pesar de su frenética producción de normas. Tras sufrir una serie de derrotas judiciales frente a las compañías eléctricas, ha preferido fijar la Tarifa de Último Recurso (TUR) manteniendo los peajes fijados en abril de 2012, que arriesgarse a mayores derrotas. Una prueba más de la debilidad política del Ministro.

La primera pista del enredo la encontramos al ver que en la memoria económica de la orden de peajes se alude a 2.270 millones de euros (M€ en lo que sigue) de misteriosos ingresos que no se citan en la propia ordenⁱⁱⁱ. En la memoria sólo se aclara que serán de carácter extraordinario, sin mayor precisión, y que serán cubiertos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE en lo que sigue) de 2013. Hablamos de una partida que representa más del 10% de los ingresos totales destinados a cubrir los costes de acceso, cifrados en 20.700 millones de euros. ¡Pero en los Presupuestos Generales de este año no existe esta partida!

En el informe que la CNE elabora al respecto, inusualmente crítico, están otras claves. En unas consideraciones previas de carácter jurídico se indica que hay dudas de si la orden cumple con el principio de suficiencia^iv, señala que se alude a ingresos que deben compensar los tributos autonómicos para los que no hay reglamentación y pide que se aclare la financiación del bono social de acuerdo con una sentencia previa del Tribunal Supremo. En mi opinión también debería haberse hecho otra advertencia en ese epígrafe que aparece en otro lugar del informe: para implantar la “progresividad” que penalizaba a los consumidores domésticos con consumos excesivos, era necesario modificar el sistema de cálculo en vigor^v y la orden no lo preveía.

El incumplimiento, obvio, del principio de suficiencia tiene que ver con el pago del sobrecoste de los sistemas extra peninsulares^vi. Aunque producir la electricidad en estos sistemas es apreciablemente más caro que en la península, el precio que sus usuarios pagan es idéntico. Históricamente este sobrecoste se pagaba con cargo a las tarifas de todos los usuarios eléctricos, pero a partir de 2009 esto cambió^vii y se preveía que una fracción creciente de él se pagara con cargo a los PGE del año siguiente.

La llegada del PP al gobierno alteró todas las previsiones. Así en los PGE de 2012 no existía ninguna partida para cubrir la parte correspondiente al año anterior. En definitiva, había 1.217 M€ que no estaban ni en los PGE de 2012, ni en la tarifa. Esta deficiencia está reflejada en la disposición adicional cuarta del RDL de final de año⁸. No se alude en él ni a los 2.270 M€ de euros citados más arriba, ni a los 1.755 M€ que la CNE estima que serán necesarios cubrir con los PGE de 2013 para pagar el sobrecoste extra peninsular y que tampoco estaban recogidos en la orden “desaparecida”. Es decir la chapuza de la falta de “suficicencia” de la orden está sólo parcialmente subsanada.

Menos importante numéricamente pero más evidentemente chapucero es el asunto de las tasas autonómicas. El problema de partida es que diversos Gobiernos Autónomos han establecido impuestos sobre componentes del sistema eléctrico (postes de la luz, generación de residuos,…) que las eléctricas vienen reclamando como costes. La salida que el Gobierno Central arbitró recientemente⁹ era que había que repartir esos costes entre los consumidores del territorio que se beneficiaba de ese impuesto. Pero para ello habría que convencer a las Comunidades Autónomas de que dieran a las compañías esa recaudación en un tiempo récord (este año), o bien establecer un mecanismo en la propia orden para cobrar desde el Gobierno Central,… enfrentándose al enfado de los paganos y de los gobiernos autonómicos que se quejarían de invasión de competencias. En resumen, que la primera opción es imposible y la segunda no se atrevió o no supo prepararla. Pero en la memoria económica de la orden se habla de que se recaudarán 200 M€.

La financiación del Bono Social tiene que ver con una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ganada por Iberdrola que obliga a que se le devuelva la financiación que aportó. En realidad era financiado por todas la empresas eléctricas, pero Iberdrola está llevando al Supremo (y ganándolas) muchas decisiones de los últimos Gobiernos. Hay 2,7 millones de contratos que se benefician del Bono Social pagando menos por su electricidad. El problema es que la orden no aclara quién pone ese dinero ni elimina el Bono Social. Hablamos de 180 M€.

Otro inconveniente era que no se resolvían los problemas de implantación de lo que el Gobierno llamaba “Progresividad en los Peajes Eléctricos”. Un recargo que afecta a los consumidores sin discriminación horaria (los que pagamos igual por el consumo en cualquier hora del día) que consumen por encima de la media y a la práctica totalidad de los que poseen discriminación horaria, por lo que realmente habría subidas del precio de la electricidad muy superiores al 3% pregonado. Afectaban, según la CNE, a 7,9 millones de contratos. El Gobierno estima que de ese modo se recaudarían 280 M€, la CNE eleva la cifra (corrigiendo ciertos errores y con datos más fiables) a 346 M€.

Resumiendo todo, Soria ha fracasado estrepitosamente en su intento de subsanar el déficit. Ese es su problema, el nuestro es que si lo mantienen en el puesto más tiempo^viii no caben muchas dudas de hacia donde se dirigirán los recortes. Los usuarios domésticos y los productores de fuentes renovables tienen todas las papeletas en esa rifa.

No es cierto que no pueda hacerse nada distinto de lo que se hace o que el reparto de los costes esté siendo equilibrado y por eso se queja todo el mundo. Y como prueba dos botones de muestra de una lista que sería interminable.

Primero, en la orden de peajes se contemplaba la progresividad para recaudar 280 M€ (o 346 M€ según la CNE) de más. Al tiempo se ha tramitado una orden que cambia el servicio de interrumpibilidad^ix dándole a tres grandes empresas industriales (Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc) 242 M€. Por supuesto no hay ninguna necesidad de usar esa interrumpibilidad porque existe potencia ociosa de sobra, ni el sistema obtiene ningún beneficio con ello. Es que sí hay dinero para atender las demandas de los más poderosos.

U otro aún más sangrante. La Consejera de Industria del Gobierno de Canarias (donde gobiernan Coalición Canaria con el PP) señalaba el 23 de septiembre pasado que “según la CNE en las islas cuesta 89 €/MWH generar con energía eólica, 145 €/MWH con fotovoltaica, mientras hacerlo con fuentes convencionales cuesta 165 €/MWH”. Pues bien se ha señalado el grave problema que existe para pagar el sobrecoste extrapeninsular, pero no se implantan soluciones que son evidentes y más baratas. ¿Algo que ver con los problemas legales de corrupción en el desarrollo eólico registrados en las mismas islas?

Se inicia el fatídico año 2 de la era Soria. Toca resistir y agrupar fuerzas de los sectores afectados. Tenemos mucho que perder en esta apuesta.