Este mes de junio ha sido intenso, tanto en lo legislativo como en la vuelta a la “nueva normalidad” tras la salida del desconfinamiento, pero no de la crisis sanitaria. Todo el trabajo de la Fundación Renovables y del del sector energético, que quedó en standby, se ha puesto, por fin, encima de la mesa. Durante los primeros días, concretamente el martes 2 de junio, presentamos nuestro último informe titulado “Lecciones aprendidas para salir de la crisis”, que contiene, un análisis de las medidas adoptadas para salir de la crisis del 2008 y sus consecuencias y una batería de iniciativas para el periodo 2020/2021, y a largo plazo, que nos permitan basar la recuperación económica en la aceleración de la transición energética.
El informe ha sido muy bien recibido y difundido dentro del sector, y fuimos invitados a presentar las iniciativas en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España en el Congreso de los Diputados. Posteriormente, y con el fin de presentar las mismas propuestas, pero en un contexto local, fuimos convocados a la Comisión no permanente para la Reactivación Económica y Social e Impulso del Empleo de Sevilla. Además, el pasado 17 de junio realizamos una jornada, titulada “Construyendo las nuevas subastas de renovables”, en la cual se debatió, junto a un amplio espectro de expertos del sector, cual sería el diseño ideal de las nuevas subastas. Las conclusiones de dicho evento, que estamos recogiendo y elaborando, las presentaremos el próximo 15 de julio a través de un nuevo informe.
Durante este mes, además, el Gobierno anunció un plan de ayudas al sector de la automoción (plan MOVES y RENOVE) que pretendía ayudar y reactivar a este lastrado sector, a causa del confinamiento, aumentando y mejorando su posición tecnológica y competitiva, pero que ha acabado siendo una subvención a la compra de vehículos eléctricos y, lo más preocupante para el buen camino de la transición energética, de vehículos con motores de combustión (diésel y gasolina). Posteriormente, vio la luz el nuevo RDL 23/2020, que recibimos de manera agridulce como recogimos en este comunicado, y que configura y regula una gran parte de las actuaciones venideras para la transición energética, como son las subastas, las comunidades energéticas, etc.
Por si todo esto fuera poco, el 30 de junio presentamos, junto con Otovo, el mayor estudio, hasta ahora en España, de bonificaciones fiscales, titulado “Incentivos fiscales para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en municipios con más de 10.000 habitantes”. De sus resultados, destaca que un 41% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrece bonificaciones sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las instalaciones de autoconsumo, esto es, 312 municipios que representan un 60% de la población residente en los 753 municipios estudiados (22.437.952 habitantes). Esto evidencia, de manera clara, el potencial que tienen los ayuntamientos para acelerar la transición energética, siendo fundamental eliminar las cadenas que tienen alrededor de la movilización de los recursos para promover todo tipo de proyectos de rehabilitación, autoconsumo, eficiencia y movilidad.
Los ayuntamientos necesitan liderar y ser el motor, a través de una fiscalidad activa y mejorando la participación ciudadana, del cambio y de la descentralización del modelo energético colocando al consumidor en el centro del sistema y brindando a las ciudades mayores oportunidades de autonomía, desarrollo y autosuficiencia energética.
