- España debe asegurar una coherencia entre sus políticas agrícolas, energéticas y climáticas, impulsando una reducción rápida de las emisiones de metano a través de un Plan Nacional.
- El Gobierno no ha dado respuesta a la propuesta de las ONG de crear un grupo de trabajo con todas las partes interesadas para abordar la reducción de las emisiones de metano de España.
- Pese a la significativa contribución del metano al conjunto de las emisiones españolas de GEI, el PNIEC 2023-2030 no plantea ningún objetivo de reducción de estas emisiones.
- España debe ponerse al día e implementar el Reglamento UE sobre el metano para actuar rápidamente en el sector de la energía, donde un 70% de las emisiones podrían reducirse con medios existentes.
Madrid, 9 de mayo de 2026.- Fundación Renovables, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Ecodes y Mighty Earth han reclamado este viernes al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que mejore la transparencia y ejecute políticas ambiciosas para reducir las emisiones de metano (CH4), un gas con un potencial de calentamiento hasta 80 veces superior al del dióxido de carbono (CO2).
Las organizaciones critican la inacción del Gobierno para hacer frente a este grave problema, que resulta totalmente incoherente con las declaraciones y adhesiones de España a planes internacionales para reducir la liberación de metano a la atmósfera, como el Compromiso Mundial sobre el Metano y las normativas de la Unión Europea. Pese a la significativa contribución del metano al conjunto de las emisiones españolas de GEI, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC) no plantea ningún objetivo de reducción de estas emisiones. Además, España lleva retraso en la aplicación del Reglamento de Metano de la UE y debe ponerse al día cuanto antes, asumiendo la responsabilidad que le corresponde como importador por las emisiones asociadas al combustible que consume.
La Agencia Internacional de Energía (AIE) revela en su informe anual sobre fugas de metano (Global Methane Tracker 2026) que con medidas de reducción ya disponibles en el sector energético, podrían recuperarse hasta 200.000 millones de metros cúbicos de gas fósil anualmente, el doble del suministro en riesgo por el cierre del Estrecho de Ormuz.
Sin embargo, llegar a esta reducción de emisiones requiere que cada país asuma su parte: España no explota sus propios recursos de hidrocarburos, pero tiene una responsabilidad sobre sus importaciones de gas y petróleo. De hecho, el Reglamento UE sobre el metano exige a los operadores europeos medir sus emisiones y, a partir de 2027, exigirá también a los importadores demostrar cuánto metano se ha emitido para producir el gas y petróleo que introducen en el mercado europeo. España es una de las principales puertas de entrada de gas de Europa y las fugas de metano asociadas a la cadena de valor se han triplicado en 2025, según el último informe de Fundación Renovables y Clean Air Task Force (CATF). Por ello, es crucial que se empiece a aplicar la norma europea para reducir el impacto metanero de la compra de gas y petróleo.
El otro punto ciego de la lucha contra el metano de España tiene que ver con el fracking. Las leyes del Estado español prohíben esta práctica por su elevado impacto ambiental y, entre otras cosas, por las emisiones de metano asociadas a esta modalidad. Sin embargo, España sigue aumentando las importaciones de ingentes cantidades de hidrocarburos extraídos en terceros países, como EEUU, a través del fracking. En adición de la aplicación del Reglamento UE sobre el metano, es crucial que también se prohiba la compra de gas y petróleo que haya sido explotado de esta forma tan nociva para el planeta.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA) del MITECO es el departamento que, dentro del Gobierno de España, debe liderar el trabajo para poner en marcha un Plan Nacional de Reducción de Emisiones de Metano en todos los sectores emisores de este gas. El objetivo de reducción de las emisiones netas de metano para cada uno de esos sectores debería ser de un 45% con respecto a los niveles de 2020 de aquí a 2030, en consonancia con los requerimientos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC).
La SEMA reconoce que para la elaboración del citado plan debe actuarse de manera intersectorial, lo que requiere un compromiso de trabajo y cooperación entre diversos ministerios involucrados así como con todas las partes interesadas.
En vista de la falta de acción de la SEMA al respecto, las organizaciones ECODES, Mighty Earth, Greenpeace, Fundación Renovables y Ecologistas en Acción, tras haber mantenido reuniones al respecto con todos los demás departamentos ministeriales implicados en esta materia, han enviado una carta a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Queremos solicitarle la creación de un grupo de trabajo en el que los ministerios responsables junto con todas las partes interesadas de la sociedad civil, la comunidad científica y el sector privado, puedan trabajar conjuntamente, alinear posturas y concretar medidas que permitan avanzar eficazmente en la reducción de las emisiones de metano al tiempo que favorezcan la adopción de soluciones realmente eficaces para afrontar este problema.
