La reciente subasta CESUR ha dado una alegría al Gobierno. La bajada abrupta del precio de la energía y la pretensión del Ministerio de Industria de mantener los peajes eléctricos en los mismos valores que registran desde mitad de 2012, van a trasladarse como una bajada de la electricidad generalizada, que en el caso de los usuarios de la Tarifa de Último Recurso (TUR) será de más del 6,5%. ¿Es prudente trasladar esta bajada del mercado mayorista, en el que tanto ha tenido que ver el buen comportamiento de la energías renovables, al precio final de los usuarios eléctricos?. Mi respuesta es que no, la bajada de hoy se convertirá en una subida, no necesariamente moderada mañana y la alegría temporal de los usuarios, y del Ministro de Industria destaparán las miserias del sistema. Intentaré probarlo en lo que sigue.
Cuando hablan ante la prensa, tanto el Ministro Soria, como los gemelos Nadal (verdaderos poderes en el mundo de la energía), insisten en la frenética producción legislativa desplegada por el gobierno del PP, que ha comportado la aprobación de 5 leyes y decenas de reales decretos y órdenes ministeriales. Pero cualquiera convendría en que lo importante es conseguir resultados y no tanto publicar más o menos leyes. La mayor parte de la ciudadanía cree que un buen sistema eléctrico debería conseguir un suministro fiable a un precio razonable al tiempo que minimiza el impacto ambiental asociado, reduce la dependencia exterior, genera empleo y contribuye al despliegue de tecnologías con futuro. Visto desde esta perspectiva el gobierno del PP ha cosechado un rotundo fracaso. El precio de la electricidad (sobre todo para el sector doméstico y pese a la bajada que se anuncia) es muy alto, el impacto ambiental crece aunque se reduce la demanda, la dependencia exterior sigue siendo muy elevada, se ha destruido mucho empleo y el sector de las renovables, prometedor hace poco tiempo, se encuentra al borde del exterminio por una legislación que se ha cebado con él.
Pero el gobierno del PP ha renunciado a casi todos estos objetivos y ha hecho pivotar toda su estrategia sobre un objetivo único: la reducción del déficit tarifario y de la deuda acumulada por el sector. También en esto ha fracasado. No se trata sólo de que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) haya evaluado recientemente el déficit de 2012 en 5.511 Millones de euros(M€), cuando no debía superar los 1.500 Millones. Es que se si analizan con detalle las cifras se observa que la situación continúa.
En la Memoria Económica que acompaña a la Orden de Peajes que el Gobierno ha remitido a la CNE, se estima que el coste de los peajes en 2013 será de 19.659 M€(1000 M€ menos que la orden de peajes de finales de 2012 que no llegó a salir a la luz). Para cuadrar esta cifra, el marco legal no permite que se reconozca déficit en 2013, el gobierno ha aprobado un crédito extraordinario (vía decreto-Ley) de 2.200 M€ que se incorpora a los Presupuestos Generales del estado (PGE). Dejando de lado la evidente tendenciosidad y mala fe de sugerir que se aprueba este crédito por el sobrecoste que para el sistema supone la generación con fuentes renovables, surge la pregunta de si es seguro que ese dinero se libere finalmente o por el contrario estará condicionado a que respete el cumplimiento del déficit de la Administraciones Públicas y pueda suprimirse sobre la marcha. A nadie debiera sorprender esta posibilidad, en los últimos años se han hecho desaparecer partidas presupuestarias en medio de la vorágine de los recortes. Aún en el caso de que finalmente esos 2.200 estén disponibles, ¿Qué pasará en los próximos años?. ¿Volverá a haber una partida en los PGE para evitar que se produzca déficit?. Es difícil creer que el ministro Montoro lo autorice. Y cualquier observador atento tiene claro que en la pugna que ha mantenido con el ministro Soria en el año largo en que comparten gobierno, la victoria ha sido casi siempre para el primero.
Roza el esperpento el tratamiento que el ministerio hace de los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares (SIEE). Como probablemente se sepa, los usuarios de electricidad que viven fuera de la península pagan por ella lo mismo que los peninsulares, pero el coste de generación es significativamente mayor. La CNE evaluó este sobrecoste para 2013 en 1.755 M€ en su informe 35/2012. El problema es que esta cantidad no aparece en ningún lado. La legislación eléctrica establece que la totalidad del sobrecoste en 2013 deberá pagarse de los PGE , y por tanto no se habla de él en la memoria económica de la orden de peajes, ….pero en el presupuesto ya aprobado para 2013 se determina “que, con efectos uno de enero de 2013 y por vigencia indefinida, queda en suspenso la aplicación del mecanismo de compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”. Este problema no es la primera vez que se plantea, en 2012 hubo una pugna Montoro-Soria sobre si los 1.217 M€ que correspondían a ese año, debían obtenerse de las tarifas o de los PGE, y finalmente se incorporó al déficit reconocido. Lo que equivale a que se pague en el futuro con la factura eléctrica. ¿Qué ocurrirá este año?.
Si sumamos las partidas anteriores podemos hablar de un déficit estructural maquillado o no reconocido de poco menos de 4.000M€. Si se tiene en cuenta que el coste total de la electricidad en nuestro país (excluidos impuestos, comercialización y alquiler de contadores) se situará muy probablemente entre 35.000-37.000 M€, se ve que no es un problema nada fácil de subsanar.
Si se desciende al detalle de las cifras se ve que en realidad es bastante difícil. En la orden de peajes que finalmente no se aprobó en diciembre, el gobierno contemplaba un recargo sobre consumos excesivos que afectaba sólo al sector doméstico y con el que se pensaban recaudar entre 280 y 300 M€ de euros más. Una cantidad insuficiente para atender el déficit del que hablamos y una prueba de que conseguir 4000 M€ más, no es fácil en un sistema como el actual. Este recargo finalmente ha desaparecido de la orden de peajes que actualmente se tramita.
Se sabe que la electricidad en el sector doméstico español es de las más caras de Europa, pero si se analiza la memoria económica de orden de peajes que ahora se tramita se ve que el asunto es realmente escandaloso. Los casi 27 millones de usuarios que reciben la electricidad a baja tensión y con contratos de suministro de menos de 10 kW (muy mayoritariamente usuarios domésticos) pagan, en concepto de peajes de acceso por poco menos de 71 TWH, 6.703 M€ (casi 9,5 €/MWH), mientras que los usuarios industriales que reciben la electricidad a alta tensión pagan por 123 TWH, solamente 3.529 M€ ( casi 3 €/MWH). Aunque se tenga en cuenta que los costes de distribución (necesaria para el sector doméstico, pero no para el industrial de que hablamos) son de casi 5.300 M€, es evidente, salvo para los fanáticos del esperpéntico modelo de regulación actual, que se está operando una brutal reasignación de rentas desde los hogares a la gran industria (no sólo a la gran industria) imposible de justificar. Por eso es un error que se insista desde algunos portavoces de sector de las renovables en que la solución (simple y manifiestamente injusta) es que se pague más la electricidad doméstica como única forma de acabar con el déficit sin dañar a las empresas. Pese a este público reconocimiento creo que lo mejor para los usuarios domésticos es que la electricidad no baje.
Se comprueba además que la Ley de Medidas Fiscales ha tenido un efecto más limitado de lo que se pretendía. Además de reducir los beneficios de las fuentes renovables, en la orden de peajes se estima que permitirá aportar menos de 3.000 millones a los peajes de acceso. Aprobada la ley que se vendió como solución a los problemas, el déficit sigue en pie.
Tres comentarios más pueden hacerse sobre la orden de peajes que se tramita en la actualidad. El primero es que muy probablemente subestima la bajada de demanda de electricidad que se producirá en 2013. Un descenso de sólo el 0,2 % es compatible con la bajada del PIB que el Gobierno contempla en sus previsiones para este año (que ahora por cierto parece querer cambiar). Pero casi todas las restantes previsiones apuntan a una bajada de la economía mayor del 1,5% y en consecuencia, un descenso en la demanda de electricidad de esa misma magnitud. Aunque la reducción de precios que se espera animará el consumo, en lo que va de año la demanda ha caído un 5% y es poco probable que, aunque la economía crezca en la segunda mitad de 2013, sea capaz de absorber un descenso tan pronunciado. Una menor demanda implica menores ingresos por facturación y mayor déficit.
El segundo es que analizando las órdenes de peajes de diciembre y la actual se ve que algunos costes de diversificación suben y otros bajan. Sube por ejemplo la interrumpibilidad en 260 M€, y sube los pagos por la moratoria nuclear (¡que existen desde 1984!) y la financiación de la gestión de los residuos radiactivos en 23 M€. Baja sin embargo 150 M€ las compensaciones a las fuentes renovables. Como se ve no es cierto que los recortes afecten a todos por igual. Hay que volver a insistir en que, con el exceso de potencia instalado existente, la interrumpibilidad carece de sentido en este año y varios años más, por lo que aumentar las ayudas de Estado a 3 compañías muy consumidoras de energía es una prueba de manual de que ciertas reivindicaciones se atienden mientras se ignoran las protestas de los productores de renovables. Y una pregunta. La ayuda pública a estas 3 grandes empresas se estableció sobre la base de que el precio de la electricidad subiría un 14%, ahora que se ve que no lo ha hecho, ¿Se va a proceder en consecuencia y si van a bajar las injustificadas ayudas a la innecesaria interrumpibilidad?.
El tercero es lo que llamo “la paradoja de las renovables”. Lo que va de 2013 está siendo un buen año tanto eólico como hidráulico y ello está haciendo bajar de forma significativa el precio del mercado mayorista. Como las compensaciones a las renovables se calculan a partir del precio de mercado, si este baja, aunque las renovables cobren un precio fijo, las compensaciones parecen ser mayores. Este permite a los demagogos hablar de malas renovables y buenas convencionales en una disparatada descripción de la realidad.
En mi opinión lo mas razonable, antes de terminar con este absurdo modelo de mercado marginalista para fijar precios, es aumentar proporcionalmente la “parte de peajes” de las facturas de todos los usuarios y mantener el precio de la electricidad en términos nominales en abril. Ello permitiría recaudar unos 250-300 M€ más este año, y de paso evitar incurrir en déficit que habrá que pagar más caro el día de mañana. Podrían también ampliarse los programas del Bono Social (que hay que pagar con la factura después de que las eléctricas, que lo pagaban anteriormente, le ganaran un recurso al Gobierno). No es creíble, como señala la CNE en su último informe de peajes de 2012 , que el número de beneficiarios del Bono Social se esté reduciendo, cuando cualquier vistazo directo a nuestro alrededor nos hace ver que cada vez más familias no tienen para pagar la electricidad. Una pobreza inaceptable en una sociedad que se permite un modelo de fijación de precios eléctricos que se ha mostrado tan ineficaz y perverso como su paralela desregulación financiera.
Ladislao Martínez
Patrono y Socio Fundador de la Fundación Renovables
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