Un año más, España vuelve a ser testigo de incendios devastadores, pueblos enteros evacuados y ecosistemas reducidos a cenizas. Un año más, desde la Fundación Renovables reiteramos que la emergencia climática debe ser una problemática de máxima prioridad y debería abordarse de forma sistémica, todos los días del año, con amplia colaboración interadministrativa e intercompetencial.
Los incendios que asolan varios puntos del país desde las últimas semanas, alimentados por temperaturas récord, sequías prolongadas e irresponsabilidades de determinados actores no son una anomalía, sino parte de una nueva realidad climática a la que debemos responder con decisión, ambición y visión de futuro.
La evidencia científica lleva décadas advirtiéndolo y ya llegamos tarde. Sin embargo, la acción política continúa siendo insuficiente, fragmentada y excesivamente condicionada por la actualidad mediática. La emergencia climática exige exactamente lo contrario: estabilidad, continuidad y un compromiso institucional que trascienda las diferencias partidistas. Porque el clima no entiende de legislaturas ni sus ciclos, ni los incendios esperan a que exista consenso político para arrasar los montes y comprometer la seguridad de miles de personas, biodiversidad y ecosistemas únicos.
Que la desgarradora situación no sirva para caer en un juego de culpas, sino para retomar una agenda climática basada en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que comenzó a trazarse justamente hace un año.
Al igual que anunciábamos el año pasado, consideramos que la descarbonización, la adaptación al cambio climático, la protección del territorio y la resiliencia de nuestros ecosistemas deben formar parte coyuntural de una política de Estado que traspase ciclos electorales e ideologías.
Para ello, proponemos que se apliquen de manera urgente las siguientes medidas:
1. Aprovechar la biomasa como herramienta de prevención de incendios y generación renovable.
La acumulación de combustible vegetal derivada del abandono de la gestión de los montes y la despoblación es una problemática fácilmente evitable a través del aprovechamiento de la biomasa para la generación eléctrica renovable.
Gracias a la retirada planificada del combustible vegetal excedente a este fin, se mantiene un territorio más resiliente y menos propenso a incendios. Por otro lado, se revaloriza una materia orgánica que, de otra manera, quedaría infrautilizada o abocada a un uso destinado a prácticas con mayores emisiones. A través de esta medida, se incorporaría la biomasa al sistema energético complementario a tecnologías como la solar o la eólica, además de ser gestionable.
En todo caso, el desarrollo de la biomasa energética debe sustentarse bajo los máximos criterios de sostenibilidad, cercanía, priorizando residuos y subproductos frente al aprovechamiento de masas forestales con fines exclusivamente energéticos, garantizando la conservación de la biodiversidad y respetando la capacidad de regeneración de ecosistemas.
La biomasa, de esta forma, puede convertirse en una herramienta que contribuya a la prevención de incendios, la dinamización del medio rural y la descarbonización del sistema energético.
2. Transponer de manera urgente y ambiciosa de la Directiva 2024/1203 relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal.
La Directiva 2024/1203 del 11 de abril de 2024 establece normas mínimas de la Unión Europea para reforzar la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal a través de la definición precisa de delitos medioambientales y su catalogación, el establecimiento de sanciones penales tanto para personas físicas como personas jurídicas y el refuerzo de la cooperación entre autoridades en prevención, investigación y ejecución del Derecho ambiental de la UE.
El plazo de transposición de esta Directiva finalizó en mayo de este año sin que se haya incorporado al ordenamiento jurídico español. Desde la Fundación Renovables exigimos que se admita a trámite cuanto antes una ley integral que adapte el Código Penal y el resto de normativas a la Directiva 2024/1203.
Es necesario que esta ley aproveche el margen que la Directiva concede a los Estados para ampliar y reforzar las disposiciones a favor de la protección penal del medio ambiente, la responsabilidad de las personas jurídicas y la reparación del daño ambiental.
3. Avanzar hacia un modelo de gestión forestal adaptado a las realidades sociales, económicas y climáticas del siglo XXI.
Es necesario transitar de un modelo basado en la supresión a uno de gestión integral y adaptativa del paisaje. Debe establecerse como principio rector la gestión integral del paisaje para crear regímenes de incendios sostenibles, lo que implica combinar de forma estratégica tanto quemas prescritas para reducir combustible y restaurar ecosistemas, como el pastoreo prescrito (pastoralismo pírico) y herbivoría silvestre para el mantenimiento de discontinuidades en el combustible. A su vez serán imprescindibles los tratamientos mecánicos en zonas estratégicas y la aceptación controlada de incendios de baja intensidad en condiciones específicas, actualmente impedida por la normativa de protección civil.
Se debe integrar la gestión forestal en las políticas agrarias y de desarrollo rural, mediante diferentes medidas como crear incentivos económicos y fiscales que fomenten la actividad agroforestal y la gestión activa del territorio; promover la colaboración público-privada para el mantenimiento de las áreas y favorecer el uso cultural del fuego de manera controlada y segura.
Es necesario priorizar la gestión de biomasa y la prevención social en la interfaz entre las áreas urbano-forestal, al ser uno de los principales focos de incremento de igniciones. Es necesario aplicar una gestión obligatoria de la biomasa en los alrededores de viviendas y núcleos urbanos que se hayan identificado como zona de alta probabilidad, junto con campañas de educación y concienciación continuas para la población. En esta línea, las autoridades locales y ayuntamientos tienen que estar implicadas directamente en la aplicación de esas medidas.
La reforestación con especies endémicas es un punto clave. Será necesario promover la reforestación con especies endémicas al bosque en particular. Por ejemplo, en caso del bosque mediterráneo, este es naturalmente resiliente al fuego. Para combatir la deforestación
Por último, debe adoptarse un enfoque de gobernanza multinivel, colaborativo y con visión a largo plazo. Fomentar la colaboración interadministrativa (local, autonómica, estatal) y la cooperación transfronteriza, especialmente con Portugal, basándose en criterios científico-técnico. Conjuntamente, establecer marcos de financiación estables y a largo plazo que prioricen la prevención y la resiliencia, junto con la inclusión a la comunidad científica, los gestores forestales y la población local en la toma de decisiones.
4. Desplegar una Respuesta Nacional para la Resiliencia Hídrica que aumente la resiliencia ante inundaciones y sequías.
Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) azules: la infraestructura azul ayuda a la gestión de inundaciones en pueblos y ciudades. Incorporar SBN en los planes autonómicos y locales de prevención (gestión del agua y prevención de emergencias derivadas) Dar incentivos a los ayuntamientos para incorporar SBN en medidas de actuación y planes.
Ante el aumento de sequías, aumenta también la contaminación hídrica, por ello proponemos una correcta gestión del agua de tratamiento (de depuradoras) y de los acuíferos para evitar que el agua superficial contamine a fauna y biodiversidad, y que el agua caliente sanitaria (ACS) tenga la calidad necesaria para el uso humano.
Debe mejorarse la infraestructura y la tecnología de los sistemas hídricos. Es crucial un seguimiento de la aplicación de los planes (PORN Y PRUG), y actuar donde no se estén cumpliendo (o no existan). Es necesario hacer un mapeo para modernizar los sistemas actuales, priorizando la renovación de redes de abastecimiento y drenaje para reducir fugas y mejorar la eficiencia. Así mismo, es necesario implementar sensores en toda la infraestructura, aplicando IA y modelización de datos para optimizar gestión y predecir riesgos. Además, las balsas de agua para riego, siempre que se puedan, serán tapadas para aumentar la tasa de evaporación durante meses de temperaturas elevadas.
Se debe aumentar la gobernanza hidrológica y mejorar planificación a largo plazo. Promover parques, jardines y cubiertas vegetales en ciudades para retención de agua de lluvia, junto con pavimentos permeables, que permitan gestionar el agua de lluvia filtrada y reducir inundaciones. Además, restringir la edificación en zonas inundables para reducir exposición a riesgos, junto con la identificación y planificación para evitar y reducir riesgos en las edificaciones ya instaladas en estas áreas en diferentes regiones.
Establecimiento de un Fondo Nacional para la Resiliencia Hídrica en forma de ayudas e incentivos fiscales para prácticas eficientes y resilientes en el mundo rural, además este fondo también tendrá una parte específica para actuaciones rápidas tras fenómenos costeros y programas de adaptación multinivel.
5. Proteger a la ciudadanía de las olas de calor.
El cambio climático, la progresiva masificación de las ciudades harán que las olas de calor extremas aumenten y la pérdida de vegetación en aras de la especulación inmobiliaria, incrementará los graves efectos fisiológicos y la duración que ya tienen las islas de calor urbano (ICU). Este hecho, sin duda, ocasionará una gran cantidad de impactos para los ciudadanos, con un subsecuente aumento del gasto necesario para sanidad en los servicios públicos de las regiones y ciudades más afectadas.
El efecto ICU es un fenómeno climático que ocurre cuando las temperaturas en las zonas urbanas son significativamente más altas que en las áreas rurales circundantes, debido a la concentración de calor por los materiales urbanos y la falta de flujos de viento que los dispersen. Estimamos que gran parte de las ciudades del Estado sufren este efecto, pero no existe ningún índice homologado por el Ministerio, ni las Comunidades Autónomas que lo verifique.
Por ello proponemos la creación de índices autonómicos que evalúen la severidad del efecto isla de calor urbano en las ciudades españolas. El propósito de este índice es contar con una fuente homologada y con indicadores de medición transversales a todas las ciudades para adecuar la adaptación de estas al nivel de urgencia y severidad que requieran.
A partir de estos índices, proponemos la creación de un Plan Global de Adaptación al Calor en Ciudades que incluya primordialmente la renaturalización urbana (utilización y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) para la restauración y protección de los ecosistemas urbanos a través de la reintroducción de especies nativas, la creación de espacios verdes y el fomento de la biodiversidad en áreas urbanas).
Se deberá contar con SBN verdes (infraestructuras naturales o seminaturales con vegetación) y SBN azules (infraestructuras con elementos hídricos naturales o artificiales que ayudan a gestionar el agua y mitigar los efectos del cambio climático), con un foco especial en los barrios más vulnerables. Es importante que este plan de acción centralice sus actuaciones en escala barrio, distrito y municipio, en lugar de en edificios individuales, dando así un paso más hacia la conversión de las ciudades en un refugio climático.
6. Establecer un sistema de ayudas económicas, incentivos fiscales y servicios reforzados en el mundo rural para potenciar su poblamiento, robustecer su contribución a la protección y restauración de la naturaleza, y favorecer su adaptación a los diferentes escenarios que plantea el cambio climático.
Acelerar la transposición de la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión 2 (EU ETS2). El Gobierno debe acelerar el desbloque y la transposición de la Directiva europea de Comercio de Derechos de Emisión 2 (EU ETS2) a la legislación nacional, garantizando que la agricultura y la ganadería asuman progresivamente su papel en la reducción de emisiones. Esto es necesario para generar recursos financieros que se reinviertan en medidas de adaptación y mitigación, y para poder acceder al Fondo Social para el Clima.
Conjuntamente, el Fondo Social para el Clima debe distribuirse equitativamente priorizando las zonas rurales más vulnerables a la pérdida de rentas derivada de la transición ecológica, las inversiones en eficiencia energética, digitalización y formación agraria para la adaptación al nuevo contexto climático y normativo y a pequeños y medianos productores que impulsen la transición hacia modelos regenerativos y circulares.
Proponemos que los ingresos fiscales de las renovables y las redes eléctricas, en los diferentes municipios donde se instalan, vayan destinados a Fondos de Adaptación y Renaturalización. Es necesario articular este fondo mediante una obligación legal en la regulación, donde el desarrollo de proyectos lleve emparejada la creación de dichos fondos, gestionados por la administración local y la comunidad o vecinos afectados, aportando financiación para iniciativas locales de resiliencia, adaptación y generación de valor social.
7. Potenciar las contribuciones de los sectores forestal y agropecuario a la prevención y mitigación de los eventos climáticos extremos.
En un contexto de crisis climática y degradación ambiental, el actual modelo de agricultura y ganadería intensivas han demostrado ser insostenibles tanto desde el punto de vista ecológico como económico. Este modelo genera altos niveles de contaminación del suelo, del agua y del aire, favorece la sobreproducción y la pérdida de biodiversidad, y no se ajusta a las condiciones climáticas ni a las necesidades productivas reales del territorio. Por ello proponemos la adaptación territorial de los sistemas agroganaderos.
Esta adaptación pasará por fomentar una agricultura y ganadería extensivas, diversificadas y de proximidad, que se ajusten a las condiciones agroclimáticas de cada región y a las proyecciones de cambio climático. Deberán priorizarse los cultivos y razas ganaderas resilientes al estrés hídrico y térmico, reduciendo la dependencia de insumos externos (piensos importados, fertilizantes químicos, agua de regadío intensivo). Además, hay que seguir con la petición de una moratoria para nuevas macrogranjas, junto con campañas de sensibilización y concienciación sobre su impacto y la promoción de dietas saludables baja en proteína animal.
Como mencionamos anteriormente, es esencial integrar la gestión forestal en las políticas agrarias y de desarrollo rural mediante incentivos económicos y fiscales que fomenten la actividad agroforestal y la gestión activa del territorio; También se debe promover la colaboración público-privada para el mantenimiento de las áreas y favorecer el uso cultural del fuego de manera controlada y segura.
8. Crear dos fondos con recursos nacionales y autonómicos.
Aumentamos esta propuesta a tres fondos, ya que, a pesar de necesitar respuesta inmediata a eventos climáticos extremos, también será necesaria una coordinación nacional a nivel de mitigación y transición.
Hay una necesidad imperante de institucionalizar la lucha contra el cambio climático a nivel estatal independientemente de la composición del Gobierno, por ello proponemos crear un Fondo Nacional para la Transición Climática, con una financiación estable a través de los Presupuestos Generales del Estado, con una partida presupuestaria con porcentaje mínimo del 0,05% de los presupuestos, con la posibilidad de un incremento progresivo dependiendo de la situación climática del momento.
Este fondo de transición se dedicará a:
- Adaptación climática estructural: promoción de infraestructuras verdes y azules, restauración de ecosistemas, protección costera y gestión hídrica sostenible.
- Mitigación y transición energética justa: apoyo a comunidades energéticas locales, eficiencia energética en hogares vulnerables y descarbonización del transporte rural.
- Investigación y monitorización climática a escala estatal.
Respecto a los fondos autonómicos, proponemos una discriminación positiva para con las regiones del sur y el arco mediterráneo por su exposición extrema a los impactos climáticos.
Este fondo deberá enfocarse, entre otros, en una planificación territorial adaptativa (gestión del agua, agricultura resiliente, prevención de incendios, etc.), una recuperación rural y cohesión social ante el desplazamiento climático, y un refuerzo de las capacidades institucionales locales para la gestión climática y energética.
Para finalizar, ambos fondos deben contar con:
- Criterios claros de asignación y evaluación, basados en indicadores de vulnerabilidad climática y de reducción de emisiones.
- Participación ciudadana y científica en su diseño y seguimiento.
- Mecanismos de coordinación interterritorial, para evitar duplicidades y asegurar coherencia entre estrategias nacionales, autonómicas y locales.
9. Mantener de forma permanente los medios técnicos y humanos necesarios para combatir eventos climáticos extremos.
Adoptar un enfoque de gobernanza multinivel, colaborativo y con visión a largo plazo. Fomentar la colaboración interadministrativa (local, autonómica, estatal) y la cooperación transfronteriza, especialmente con Portugal, basándose en criterios científico-técnico. Conjuntamente, establecer marcos de financiación estables y a largo plazo que prioricen la prevención y la resiliencia, junto con la inclusión a la comunidad científica, los gestores forestales y la población local en la toma de decisiones.
10. Crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias para mejorar la coordinación y la toma de decisiones por las administraciones públicas en el nuevo contexto climático.
Es importante recalcar que, antes que actuar una vez haya sucedido la catástrofe, es más mucho más relevante prevenir o disminuir el impacto que puedan tener, ahorrando, no solo fondos para diferentes medidas, pero si no también vidas humanas.
Por este motivo, proponemos, en paralelo, la creación de una Agencia Estatal de Prevención Climática. La respuesta ante la crisis climática no puede ser únicamente reactiva, sino que también (y, ante todo) debe ser preventiva, porque la protección es más efectiva en la prevención que en la actuación y recuperación a posteriori.
Esta Agencia será un organismo de carácter técnico-científico adscrito al MITECO. Idealmente contará con delegaciones territoriales, se financiará con partida propia en los Presupuestos Generales del Estado (0,05% del PIB) y gestionará sus propios fondos de manera autónoma.
Para institucionalizar la lucha contra el cambio climático, esta Agencia no puede depender de aprobaciones de presupuesto en Consejo de Ministros, sino que debería acercarse a un modelo más parecido al FEMA estadounidense en su autonomía.
La Agencia se coordinará con las Comunidades Autónomas para evitar solapamientos con los planes autonómicos, pero no estamos ante un modelo descentralizado, ya que la dependencia de las Comunidades Autónomas en materia de protección civil y emergencias desemboca en una respuesta desigual, cambiando en función de las prioridades e ideología del gobierno autonómico.
Los sistemas de alerta temprana deben homogeneizarse en todo el Estado; En caso de emergencia, se debe alertar de forma masiva por móvil, radio, TV, internet y satélite, y el despliegue será coordinado por la Agencia Estatal de Prevención Climática.
11. Promover una cultura cívica de la prevención y reacción.
Mejorar la educación y la concienciación ciudadana. Entre las medidas, se incluye la integración de la prevención de riesgos climáticos extremos y la cultura de la resiliencia en todos los niveles educativos, incluida la formación profesional para mejorar la capacitación y evitar cuellos de botella en el mercado laboral. Además, es necesario acompañarlas de campañas públicas sobre la protección civil y la autoprotección, destacando las medidas que pueden aplicar cada uno y las fuentes de información veraz, evitando la expansión de bulos y comunicaciones falsas sobre esta temática.
Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de planes de emergencia, conociendo cuales son los canales de comunicación más precisos y fáciles de asumir para cada tipo de población en función de parámetros como la ubicación, edad, etc. Ligado a esto, creación redes comunitarias y cooperativas de voluntarios capacitados en primeros auxilios, apoyo psicosocial y evaluación de daños.
Establecer sistemas de alerta temprana accesibles y comprensibles para toda la población, garantizando que la información llegue a todos, incluidas las personas más vulnerables. Esto encaja con la adopción de un enfoque estratégico y temprano en la gestión de riesgos, orientado a «abordar los riesgos antes de que tengan un impacto en la vida de las personas”.
12. Acelerar la transición ecológica en España y exigir a la Unión Europea una mayor ambición.
La Unión Europea está virando desde el liderazgo en sostenibilidad, al liderazgo en competitividad, priorizando el crecimiento económico a toda costa por delante del medio ambiente. La composición actual del Parlamento Europeo no incita a la esperanza de aumentar la ambición y acelerar. Las Directivas Europeas son acuerdos de mínimos, que sientan las bases para que los Estados miembros las traspongan y las mejoren en función de su mayor o menor potencial. Esta es la prioridad actual, ante la posible ausencia de nuevas mejoras sustanciales en la regulación de la UE.
En el caso de España, exigir a la Unión Europea una mayor ambición pasa por adherirse al calendario de implementación de las normas climáticas aprobadas a nivel europeo. No está siendo este el caso del Plan Social para el Clima, Fondo Social para el Clima, ni la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión 2 (ETS2), ya que el Gobierno de España ha recibido varios toques de atención por parte de la Comisión Europea por no implementar las medidas dentro del plazo.
Tampoco ha ocurrido en la aplicación de los hitos del Reglamento del Metano, la creación de las Zonas de Aceleración renovable de la DER III, la aprobación de la Ley de Consumo Responsable (que deriva de la directiva a la protección del consumidore en la transición ecológica), la ejecución y control de las ZBE (derivada de la propia Ley Nacional de Cambio Climático) o la ordenación jurídica de las comunidades energéticas (Directiva de Mercado Eléctrico), entre otros.
Además, también está el monitoreo y la dotación de fondos para el desarrollo de los planes de trabajo enmarcados dentro de la Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030, muchos de los cuales no se han ejecutado. Esta es una de las principales medidas, revisar el grado de cumplimiento del plan y su actualización.
