El Estado debe hacer públicas las redes de distribución en el momento en el que las empresas amenacen con no ejecutar las inversiones previstas si no se les eleva la retribución.
El Estado debe asumir un papel central como garante del acceso universal a la red e impulsar políticas que protejan el interés general de los ciudadanos.
Madrid, 30 de julio de 2026.- La Fundación Renovables celebra la ampliación de límites de inversión para redes y la apuesta del Gobierno por la electrificación. Con la aprobación esta semana del Real Decreto, se conseguirá una inversión adicional de 17.900 millones de euros hasta 2030 para modernizar infraestructuras de redes y adaptarlas a las necesidades de la transición energética. El paquete de medidas permitirá atender a las nuevas demandas industriales, residenciales, autoconsumo, así como acelerar el despliegue de puntos de recarga para transporte terrestre.
Desde Fundación Renovables, no obstante, se reclama una mayor protección de las redes de distribución frente al interés de las empresas privadas que las monopolizan, primando el negocio ante el interés público. El Estado debe asegurar que las compañías ejecutan las inversiones necesarias en redes de acuerdo con los compromisos de la transición energética.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) elevo la retribución hasta el 6,46% desde el 5,58% y, aun así, las empresas reclaman un mayor retorno, dejando en el aire la ejecución de las inversiones necesarias para descongestionar la red y acelerar nuevas conexiones industriales, de almacenamiento, autoconsumo y recarga.
En ninguno de los años anteriores se ha llegado al límite para inversiones en la red de distribución. No ha sido un problema de límites de inversión sino de la no voluntad de acometer las inversiones al estar condicionadas a la exigencia de una mayor rentabilidad, aunque estemos hablando de una actividad sin riesgo de mercado y regulada. Los beneficios declarados por el negocio regulado del sector eléctrico hablan claro de su interés y motivación. La negociación de la retribución debe ser llevada a cabo con la existencia de alternativas. Hemos convertido un monopolio natural en un monopolio empresarial privado. Incrementar la retribución supone aumentar los costes del sistema a futuro, y su traslado a la factura.
La Fundación Renovables denuncia, además, la concentración de poder en manos privadas de lo que debería ser un servicio básico público. Según CNMC, el 95% de los más de 30,28 millones de puntos de suministro del país se los reparten cinco empresas, siendo Endesa e Iberdrola las dos principales. Obtuvieron ingresos de más de 7.000 millones de euros. La retribución de las distribuidoras fue de 5.226 millones de euros y, para transporte, de 1.484 millones.
En ese sentido, el Estado debería considerar actuar de tal forma que, si las empresas no cumplen con la inversión prevista, se les arrebate la posición de gestores y propietarios de la red de distribución. Para ello es necesario que el Gobierno reconozca la electricidad como bien esencial, evitando que las empresas puedan ejercer un control total del sector y frenar la transición energética a su antojo. Es preciso, además, que promueva la modernización y la digitalización de la red de transporte, y la inclusión de instalaciones de almacenamiento para mejorar la gestionabilidad del sistema y la funcionabilidad del Operador de Sistema.
El Estado debe asumir un papel central como garante del acceso universal a la red. Solo una red gestionada en función del interés general y no del beneficio privado de unos pocos operadores podrá satisfacer los retos de seguridad, transición justa y democratización señalados en la normativa europea y los compromisos internacionales asumidos por España.
