Los mecanismos de capacidad son una herramienta clave para resolver problemas puntuales de cobertura del sistema eléctrico. Estos esquemas de apoyo ofrecen una compensación económica a las diferentes fuentes de energía por estar disponibles para generar energía en momentos de estrés del sistema.
Es decir, el Estado ofrece una remuneración a ciertas centrales o tecnologías simplemente por tener una capacidad de producir energía y garantizar que, en momentos determinados, cuando pueda fallar alguna fuente de generación, el sistema va a disponer de capacidad para seguir manteniendo estable o aumentar la generación. En otras palabras, estar en reserva para asegurar que siempre haya suministro.
De esta forma, el Estado se garantiza que siempre haya un porcentaje de megavatios (MW) en reserva para momentos críticos en los que no se logra aportar toda la energía que estamos consumiendo.
Por ejemplo, el Estado remunera a una central de ciclo combinado simplemente por tener la capacidad de dar respuesta rápidamente a momentos de alta demanda o momentos puntuales en los que otras tecnologías no operan con la misma facilidad. Dicho de otro modo, durante la noche la fotovoltaica no tiene la misma capacidad de generación o en momentos de ausencia de viento la eólica puede bajar su producción, es por ello que el sistema asegura tener capacidad para satisfacer la demanda a través de otras fuentes de energía.
El problema es que la tendencia en Europa ha sido la de remunerar a plantas de gas y de ciclo combinado, lanzando un mensaje contradictorio en cuanto a la necesidad de la transición energética. De hecho, en los últimos cinco años los combustibles fósiles han recibido casi 53.000 millones de euros en Europa a través de mecanismos de capacidad.
En un escenario como el actual, es necesario que tanto España como Europa reorienten sus mecanismos de capacidad y primen remunerar a las tecnologías libres de emisiones de gases de efecto invernadero. Es, además, un momento clave para dar un impulso al despliegue del almacenamiento de energía, remunerando a estas instalaciones, y a los agregadores de demanda, los cuales pueden garantizar esa capacidad energética que necesita el sistema eléctrico y, además, aportar el excedente de energía renovable que en ocasiones acaba siendo vertido.
