Editorial de Las Breves de febrero de la Fundación Renovables.- En nuestro editorial del mes pasado, publicado en esta sección antes de que los partidos políticos presentaran sus documentos de cara a posibles acuerdos para el debate de investidura, reclamábamos a todas las fuerzas políticas que dieran prioridad a la cuestión energética en sus propuestas.
Pedíamos entonces, y seguimos pidiendo ahora, a todas las formaciones políticas, que se tomen en serio el desafío del cambio climático y que, en coherencia, incorporen como un eje fundamental de sus propuestas el objetivo de cambiar el actual modelo energético y avanzar de verdad hacia un modelo social y medioambientalmente sostenible, a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía.
Eso significa, para expresarnos de forma más concreta, adoptar el compromiso de tomar, de forma urgente, las medidas necesarias para que en 2050 podamos tener un sector energético eficiente e inteligente basado al 100% en las energías renovables.
A lo largo del mes de febrero, hemos podido conocer las diferentes propuestas en materia de energía de los partidos que más activamente se han volcado en las negociaciones para un posible acuerdo de gobierno. Analizamos y valoramos la propuesta del PSOE, la de Podemos, que se hizo pública poco después del documento presentado por aquel y, finalmente, el acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Ciudadanos. Hemos tenido, en las pasadas semanas, reuniones con los responsables energéticos del PSOE y de Podemos para hablar de esos documentos y trasmitirles nuestro planteamiento energético, y, a ese respecto, estamos pendiente de tener otra con Ciudadanos.
La valoración que hace la Fundación Renovables de esos tres documentos es en general positiva, pues, ciertamente, todos ellos son un buen punto de partida para lograr avanzar eficazmente hacia la necesaria sostenibilidad energética y para mejorar nuestro medio ambiente y la economía.
Pero todas estas propuestas adolecen de un grave defecto. En ellas se aprecia que ninguno de estos partidos tiene asumido que la lucha contra el cambio climático y la transición energética, de la que todos hablan, a un modelo eficiente y 100% renovable es, en esencia, lo mismo. En estos documentos, es verdad que en unos más que en otros, se detecta esa falta de madurez: la transición energética va por unos derroteros y la mitigación del cambio climático por otro, como si tuvieran poco que ver entre ellas, cuando es la misma cosa.
Quizá por eso en esos documentos hay cosas extrañas y decepcionantes. Ejemplo de ello es el tema de la fractura hidráulica (fracking). Mientras que tanto el programa electoral del PSOE como el de Ciudadanos recogía claramente que prohibirían el fracking, en el “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso” suscrito entre ambos, este tema quedaba significativamente reducido a “establecer una moratoria durante esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica”. Todo parece indicar que los partidos aún son muy permeables a los lobbies de las energías sucias que impiden avanzar hacia la sostenibilidad real del sector energético.
Otro tanto sucede con el carbón, que parece un tema tabú. Por ejemplo, en la propuesta del PSOE, que se compromete abiertamente a la lucha contra el cambio climático, no se hacía mención alguna al carbón, a pesar de ser este el combustible fósil más contaminante en términos de emisiones de CO2. Luego, en el citado documento de Acuerdo entre ambos, ya sí aparece, pero con una frase complicada que tiene mala pinta: “avanzar en la autonomía energética garantizando la seguridad de suministro que incluya la solución al consumo del carbón nacional contemplada en el Marco de Actuación acordado con las agentes sociales y la Unión Europea para el periodo 2013-2018 que incluye el fomento de tecnologías de combustión limpia”, y de la que podría sospecharse que sólo pretende asegurar la permanencia de este sucio recurso en el mix energético.
Sobre esta misma cuestión, si bien es cierto que en la propuesta de Podemos se hablaba del cierre paulatino de las centrales de carbón, es significativo que no concreten la fecha en la que se cerraría la última. Declaraciones como las de Podemos Asturias o Podemos Castilla y León apoyando el carbón nacional no ayudan a salir a este partido de esa preocupante indefinición.
La Fundación Renovables propone que las térmicas de carbón queden completamente cerradas para 2025, lo que, junto a la clausura definitiva del parque nuclear en el 2024, son dos de las piedras angulares para poder avanzar de forma efectiva y con rapidez hacia un sistema eléctrico 100% renovable. El cierre de la minería de carbón debe ir acompañado de planes de «transición justa» para los empleos afectados, tal y como se plantea desde el mundo sindical y ha validado la Organización Internacional del Trabajo.
Además, ni PSOE ni Ciudadanos, parecen apostar de verdad por un sistema energético 100% renovable en 2050. Tan sólo por un sistema eléctrico “basado fundamentalmente” en las energías renovables para esa fecha. Eso es absolutamente insuficiente, toda vez que el 75% de nuestro consumo energético actualmente es no eléctrico.
Otras carencias comunes importantes son las referidas a la necesidad de acabar con la inseguridad jurídica en el sector de las renovables, la referente a la movilidad sostenible (a la que sólo se cita de pasada, de forma superficial), o en lo relativo a la potenciación del papel de los municipios como elemento principal para alcanzar un modelo energético sostenible, que permita dotar a éstos de capacidades y medios para poner en marcha la transformación urbana basada en la movilidad sostenible, la rehabilitación de edificios, la generación en consumo y la transformación de las ciudades para alcanzar una mayor dimensión humana.
Afortunadamente podemos terminar este editorial con buen sabor de boca. Nos referimos al acuerdo parlamentario para el fomento del autoconsumo eléctrico, suscrito el pasado 24 de febrero por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados.
Este acuerdo, logrado gracias al esfuerzo especial de un grupo de colectivos y a la sensibilidad mostrada en este tema crucial por la mayoría de fuerzas políticas del Parlamento, consiste en que los partidos firmantes del mismo se comprometen a aprobar un Real Decreto-Ley, en los primeros cien días tras la toma de posesión del nuevo Gobierno (para aquellos de los firmantes que ostenten esa responsabilidad) y a su posterior convalidación en esa cámara (para todos lo que lo han suscrito), para modificar la normativa actualmente vigente instaurando cuatro cambios principales que posibilitarían el normal desarrollo del autoconsumo.
Estos cambios son: la eliminación del «impuesto al sol», de modo que se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo; se habilita la posibilidad de que varios consumidores compartan instalación de autoconsumo, facilitando así que el autoconsumo pueda desarrollarse en el ámbito urbano doméstico; simplifica enormemente el abstruso proceso de complicados trámites administrativos para dar de alta la instalación; y, finalmente, racionaliza el régimen sancionador, exclusivamente en lo referente al autoconsumo, anulando las multas de hasta varios millones de euros para los pequeños autoconsumidores que establece la ley del Sector Eléctrico aprobada por el Gobierno Rajoy y cuyo único fin era amedrentar a los potenciales autoconsumidores.
Así mismo, mediante este acuerdo se comprometen, tras la aprobación de ese RDL, a consensuar el posterior desarrollo reglamentario del autoconsumo para garantizar su progreso según las mejores prácticas, tanto con el resto de partidos con representación parlamentaria, como con las organizaciones sociales.
